El senador del Frente Amplio, Eduardo Antonini, cuestionó el uso de las excepciones que se votan en la Junta Departamental y aseguró que no existen sueldos encubiertos en ese ámbito legislativo.
Entrevistado en el programa Radio con Todos de RBC, Antonini sostuvo que “el mecanismo de la excepción es legal y está bien aplicado cuando se trata de situaciones puntuales”. A modo de ejemplo, explicó que puede ocurrir que un proyecto edilicio cumpla con la normativa vigente, pero le falte un metro en el factor de ocupación, lo que justifica una excepción menor que no altera el entorno ni el paisaje.
Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando se autorizan excepciones de gran magnitud. “Si en un lugar donde se permiten cuatro pisos se habilita la construcción de treinta, ahí estamos ante un problema serio”, afirmó. En ese sentido, criticó que, según su visión, ese ha sido el mecanismo utilizado por el Partido Nacional, generando situaciones que despiertan cuestionamientos en la ciudadanía sobre quién se beneficia con esas decisiones.
Antonini sostuvo que estas prácticas favorecen a grandes inversores y que, en algunos casos, esos beneficios terminan vinculándose al financiamiento de campañas electorales. “Lo que siempre planteé, incluso durante la campaña, es que hay que revisar la ordenanza”, señaló, y propuso actualizar la normativa mediante un trabajo conjunto entre la Junta Departamental, la Intendencia, la Facultad de Arquitectura y los empresarios del sector.
El legislador advirtió sobre el impacto que estas excepciones pueden tener en localidades como Piriápolis, donde el paisaje es un factor clave. “Imagínese que de un día para otro se autoricen edificios de 25 o 30 pisos en la rambla; se cambia por completo la perspectiva del lugar y se afecta el atractivo turístico”, expresó, recordando experiencias pasadas que resultaron “chocantes” para el entorno.
Por ese motivo, insistió en la necesidad de actualizar la normativa urbanística y poner fin a las excepciones de este tipo, apelando a un desarrollo ordenado y responsable.
Consultado sobre la existencia de presuntos salarios encubiertos en la Junta Departamental de Maldonado, Antonini fue categórico. “Eso es más viejo que el agujero del mate”, afirmó, y explicó que ninguna de las 19 juntas departamentales del país paga sueldos a los ediles.
Indicó que en Maldonado, al igual que en el resto del país, existen partidas destinadas a los grupos políticos, pero subrayó que ese mecanismo es general y transparente. “Se intenta buscar la quinta pata al gato. No hay salarios encubiertos en la Junta Departamental”, concluyó.
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