El astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, tras la rescisión del contrato firmado en 2024 para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La demanda, que aún no tiene cuantificación económica, reclama una compensación por la cancelación del acuerdo. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el planteo “carece de competencia” y que el gobierno de Yamandú Orsi espera que el tribunal desestime el reclamo sin ingresar al análisis de fondo.
La rescisión del contrato fue resuelta el 13 de febrero de 2026 debido a irregularidades detectadas en las garantías presentadas por el astillero gallego, las cuales, según informes técnicos de la Armada Nacional, no cumplían con los requisitos exigidos.
El senador del MPP Daniel Caggiani calificó la compra como “uno de los escándalos del gobierno pasado” y afirmó que las patrulleras fueron adjudicadas a un astillero “sin experiencia en el rubro”. Además, sostuvo que Uruguay tiene actualmente “unas chatarras en Galicia”.
Por su parte, el excomandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, explicó ante una comisión parlamentaria que cerca del 50% del casco de la primera unidad ya construido pertenece al Estado uruguayo. Indicó que el traslado de la estructura es posible, aunque implicaría costos elevados.
Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, Uruguay ya invirtió más de 30 millones de dólares en el proyecto, monto que no sería recuperable en caso de no completarse la obra.
Abdala sostuvo además que la rescisión fue “precipitada e irresponsable” y advirtió que el almacenamiento del casco en las instalaciones de Vigo continúa generando costos adicionales. En ese sentido, Cardama reclamó al Ejecutivo que retire el material “lo antes posible”.
El diputado blanco Gabriel Gianolli planteó que una posible salida sería que el nuevo astillero seleccionado continúe la construcción en España.
Consultado sobre el tema, Orsi señaló que el gobierno analiza alternativas provenientes de Reino Unido y Francia, aunque reconoció que mantener la construcción en España facilitaría el aprovechamiento del material ya existente.
La comisión parlamentaria especial que investiga el caso continúa sesionando semanalmente mientras se aguarda la notificación formal de la Corte de Arbitraje y la definición de un cronograma para el proceso.
Lr21
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