La Justicia imputó a una escribana en una investigación por la venta de terrenos en Punta Negra mediante documentación presuntamente falsificada. Fiscalía sostiene que la profesional aportó la instrumentación necesaria para dar apariencia de legalidad a las operaciones, según informó El País.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso la formalización de una escribana por los delitos de asociación para delinquir, falsificación ideológica por un funcionario público y estafa, en calidad de coautora, a solicitud de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas.
La información fue publicada por El País, que señala que la investigación se centra en una presunta organización dedicada a la venta de terrenos en Punta Negra mediante documentación apócrifa.
Como medida cautelar, la escribana deberá cumplir durante 180 días con fijación de domicilio, presentarse una vez por semana en una seccional policial, no salir del territorio nacional, entregar sus documentos de viaje y mantener prohibición de comunicación con otros involucrados en la causa.
La defensa, encabezada por el abogado Juan Raúl Williman, anunció que apelará la resolución y planteará que el caso llegue a juicio oral. Según sostuvo el defensor, la escribana actuó de buena fe.
La maniobra investigada
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la organización habría utilizado un poder para realizar compraventas de terrenos en representación de otras personas. Ese documento habría sido falsificado mediante la utilización de la firma y el sello de un escribano fallecido, quien no emitía poderes desde la década de 1980.
Posteriormente, los integrantes de la organización habrían identificado terrenos cuyos propietarios eran argentinos fallecidos o personas que no concurrían habitualmente al país.
Con el poder falsificado, los involucrados habrían actuado en nombre de esos propietarios y realizado ventas ficticias entre ellos, sin pagar el valor correspondiente o abonando una suma mínima respecto del precio real.
Luego, los terrenos eran vendidos a terceros compradores de buena fe, generando ganancias de miles de dólares. Para estas operaciones utilizaban una inmobiliaria de Piriápolis cuyo propietario ya fue imputado.
El papel atribuido a la escribana
Según la Fiscalía, la escribana intervenía en las operaciones de compraventa y su participación permitía darles una apariencia de legalidad.
El Ministerio Público sostuvo que su actuación constituyó un aporte funcional para ejecutar las presuntas estafas, al proporcionar la documentación necesaria para incorporar los inmuebles al tráfico jurídico y posteriormente venderlos.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar si la profesional conocía o no el origen irregular del poder utilizado.
Para la Fiscalía, ese conocimiento podría inferirse de la reiterada intervención de la escribana en contratos sustentados en el mismo documento, lo que, según su planteo, configuraría un patrón y no un hecho aislado.
También cuestionó que no se hubieran advertido anomalías documentales en el poder, ni la situación profesional del escribano fallecido cuya firma habría sido falsificada.
La Fiscalía señaló además una supuesta discordancia entre los precios establecidos en las ventas ficticias y los movimientos bancarios posteriores entre integrantes de la organización.
La posición de la defensa
El abogado Juan Raúl Williman rechazó el planteo fiscal y sostuvo que se le están atribuyendo a su defendida obligaciones de control que no corresponden a la función notarial.
Según explicó, la actuación del escribano comprende verificar que el poder tenga facultades suficientes, que la persona se identifique como mandante y que la información registral confirme la vigencia del documento.
El defensor también cuestionó que se pretenda exigir a los escribanos una trazabilidad de los pagos realizados mediante cheques y afirmó que ello los convertiría prácticamente en investigadores privados.
Además, sostuvo que las pericias realizadas sobre distintos teléfonos celulares no contienen evidencias contundentes de una connivencia entre la escribana y la persona que habría falsificado el poder.
Resolución judicial
La jueza Diovanet Olivera consideró que la Fiscalía presentó elementos objetivos suficientes para iniciar la investigación.
Entre otros aspectos, la magistrada señaló que la escribana debió controlar las anomalías presentes en los signos notariales del documento.
Según la información publicada por El País, por este caso ya fueron imputados el hombre señalado como encargado de falsificar el poder, el propietario de la inmobiliaria y un empleado de esta.
Además, mediante acuerdos abreviados fueron condenados la esposa del empresario, la expareja del empleado y el hermano de este.
Fuente: El País.
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