La muerte de la pediatra Soledad Barrera volvió al centro del debate público y sanitario tras una denuncia presentada ante el Colegio Médico del Uruguay contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y contra la anestesista condenada por homicidio culposo en el caso.
La presentación fue realizada por Rosario Barrera, madre de la médica fallecida durante una cirugía programada, y elevada al presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer. En el escrito se solicita analizar una eventual intervención del Tribunal de Ética Médica.
La denuncia cuestiona la resolución del Ministerio de Salud Pública que redujo de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional aplicada a la anestesista involucrada en la muerte de Soledad Barrera, decisión que generó críticas en distintos ámbitos médicos y políticos.
Según la presentación, la medida no puede considerarse “éticamente neutra” debido a la gravedad del caso y a la responsabilidad institucional derivada de una muerte ocurrida durante una intervención quirúrgica programada.
El documento también pone el foco en el rol de la ministra Lustemberg y en las responsabilidades éticas vinculadas al ejercicio de la función pública sanitaria. Rosario Barrera sostiene que la reducción de la sanción debe analizarse no solo desde el punto de vista legal, sino también desde la ética médica y la responsabilidad política.
Además, la denuncia señala consecuencias institucionales derivadas de la resolución ministerial. De acuerdo al escrito, once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública habrían renunciado o puesto sus cargos a disposición en desacuerdo con la decisión adoptada por el MSP, situación definida como una “fractura institucional”.
Otro de los aspectos mencionados refiere a una aparente contradicción entre organismos estatales. Mientras el Ministerio de Salud Pública resolvió reducir la sanción profesional de la anestesista, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su baja de las Fuerzas Armadas mediante una resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
La presentación también cuestiona la información brindada por Lustemberg ante el Parlamento sobre el expediente relacionado con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según la denuncia, el MSP habría actuado fuera de plazo en parte de las actuaciones judiciales vinculadas al caso, situación que la denunciante considera “particularmente grave” desde el punto de vista ético e institucional.
A casi dos años de la muerte de Soledad Barrera, el caso continúa generando repercusiones públicas y reabre el debate sobre las responsabilidades administrativas, políticas y éticas dentro del sistema sanitario uruguayo.
Ahora será el Colegio Médico del Uruguay quien deberá resolver si existen elementos suficientes para remitir el caso al Tribunal de Ética Médica y evaluar la conducta de la ministra y de la anestesista involucrada.
diariolaruy
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