El senador Rodrigo Blas explicó que buscan conocer el origen de esos videos porque entienden que se pone en peligro la vida, entre otras cosas, y añadió que buscan responsabilizar a quien filtró la información.
Graciela Bianchi, Rodrigo Blás y José Luis Falero presentaron una denuncia penal ante Fiscalía para que se investigue el origen y la circulación de información, fotografías y videos vinculados al procedimiento. La presentación menciona publicaciones del periodista Eduardo Preve, aunque la difusión de esos materiales no implica por sí misma una responsabilidad penal del comunicador.
Los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi, Rodrigo Blás y José Luis Falero presentaron el miércoles 11 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la divulgación de información, fotografías y videos relacionados con la Operación Trazador, una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos.
Los legisladores solicitaron que se investigue el origen y la circulación de materiales vinculados a allanamientos, incautaciones y actuaciones policiales. En la denuncia plantean la posible existencia de una “presunta divulgación ilegítima” de información reservada y mencionan el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal.
La presentación incluye referencias a publicaciones del periodista Eduardo Preve en sus plataformas digitales y a contenidos del programa de YouTube “La Tapadita”. Según la información aportada sobre la denuncia, se adjuntaron capturas de esas publicaciones. La cantidad exacta y su contenido deberán cotejarse con el expediente original.
La denuncia no supone, por sí misma, que el periodista haya cometido un delito. Los senadores sostienen que buscan determinar posibles responsabilidades entre quienes tenían acceso a la información reservada. Sin embargo, el caso también plantea el debate sobre los límites de una investigación por filtraciones y la protección de las fuentes periodísticas.
La Operación Trazador fue desarrollada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas junto con la Fiscalía especializada. El Ministerio del Interior informó oficialmente el 18 de septiembre de 2026 que el procedimiento permitió incautar aproximadamente 265 kilos de cocaína y pasta base, además de dinero, vehículos, armas y municiones.
La investigación derivó en tres condenas. Entre ellas, la de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. El caso tuvo repercusiones en el Partido Nacional y Gómez fue suspendido durante dos años de su actividad partidaria.
La condena de Leiva no puso fin a todas las líneas de investigación. La Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, abrió otra indagatoria para esclarecer movimientos financieros y posibles mecanismos utilizados para incorporar dinero de origen criminal al sistema económico formal.
Entre los elementos que han sido mencionados públicamente figuran operaciones vinculadas a locales de cobranza y cambio de moneda, incluido un establecimiento relacionado con el entorno familiar del dirigente nacionalista Jorge Gandini.
La existencia de estas investigaciones no permite atribuir responsabilidad penal a los propietarios o dirigentes mencionados. Para establecerla se requieren pruebas y las correspondientes decisiones judiciales.
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