“Para las mujeres, los niños y las niñas, la violencia de género es el primer problema de seguridad pública”, dijo la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti. El instituto ofrece 33 servicios de atención psicosocial y legal, 18 equipos que llegan a las localidades, un servicio 0800 4141; centros de estadía transitoria y coordinaciones de políticas con el Ministerio de Vivienda, la Intendencia de Montevideo e Inefop.
El pasado viernes 29 de noviembre, en el auditorio de la Torre Ejecutiva anexa, el Estado uruguayo, a través del Consejo Nacional Consultivo y la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica, rindió cuentas de lo realizado en el período 2019-2020 y en el quinquenio (2015-2020).
El refuerzo presupuestal otorgado a Inmujeres entre 2015 y 2020 permitió el funcionamiento de 33 servicios de atención psicosocial y legal; 18 equipos que llegan a pequeñas localidades, el servicio 0800 4141, un equipo territorial en Montevideo y cuatro centros de estadía transitoria. Asimismo, mediante acuerdos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y con el Ministerio de Vivienda, se ofrecen soluciones habitacionales y laborales que propician la autonomía de las mujeres.
“A estos dispositivos de Inmujeres, en los que se reciben un promedio de 13.000 consultas anuales, se agregan los servicios desarrollados por los ministerios de Interior y Salud, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), lo que permite hablar de un sistema de respuesta estatal”, dijo la responsable de Inmujeres, Mariella Mazzotti.
Mazzotti, destacó que se fortaleció el sistema de respuesta interinstitucional de las políticas públicas en el marco de la ley integral de violencia de género hacia las mujeres. También enfatizó que la segunda Encuesta Nacional sobre Violencia Basada en Género y Generaciones ejecutada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ratifica que el problema es alarmante, porque casi 8 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida lo padeció.
“Estamos hablando no solo de la violencia de pareja o expareja que es lo que más frecuentemente aparece en la prensa, sino también de violencia psicológica, sexual y en el ámbito familiar”, explicó.
La encuesta es una herramienta que permitió avanzar en el conocimiento de las realidades de las mujeres con discapacidad, el impacto de la violencia de género en niños o la violencia obstétrica, expresada en un 17, 4 % de las entrevistas (más de 180.000 mujeres). En ese marco, el Ministerio de Salud Pública elevó un decreto reglamentario integral al Poder Ejecutivo para cumplir con la ley de violencia de género, destacó Mazzotti.
Sobre el amparo de las víctimas, la directora de Inmujeres dijo que el Ministerio del Interior recibió un refuerzo presupuestal que le permite llegar a fin de año con 1.000 tobilleras. También los organismos que integran el programa de tobilleras (Ministerio del Interior, Inmujeres, la Fiscalía y el Poder Judicial), realizaron un análisis de los factores efectivos de riesgo de vida para una eficaz utilización de las tobilleras.
“Para cuando el hombre agresor no cumple con las medidas cautelares o rompe las tobilleras, se generaron alarmas en los sistemas informáticos para que la Fiscalía pueda rápidamente identificar el desacato a la orden judicial, que es otro delito que comete el agresor”, afirmó Mazzotti.
También se desarrolla un trabajo preventivo con las mujeres para que logren identificar situaciones de riesgo, lo que se dificulta por la relación afectivas que mantienen con quienes ejercen violencia. “Hay que fortalecer el trabajo preventivo de toma de conciencia para consolidar el derecho a hablar y romper el silencio para pedir ayuda y concurrir a los servicios especializados y a las unidades de violencia doméstica de la policía”, afirmó.
