Se votó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que reestructura la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) para evitar su cierre o un eventual auxilio económico total por parte del Estado. El presidente Yamandú Orsi destacó que “fue la fórmula que se encontró en base a un acuerdo político”.
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, explicó que se aplicará un aporte progresivo por parte de los activos, que pasará del 18,5% al 22,5% “en un tiempo prudencial”. Asimismo, los pasivos contribuirán en tres franjas: quienes cobren menos de 6 BPC (unos $39.456) estarán exonerados; quienes perciban entre $39.457 y $65.760 abonarán un 2%; y quienes superen esa cifra, un 5%.
Caggiani destacó el esfuerzo conjunto de los partidos políticos para alcanzar un acuerdo que evitara el colapso de la institución:
“Por suerte, con senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, logramos un trabajo importante para tener un proyecto sustentable que evite que la Caja termine fundiéndose, como iba a ocurrir si no se aprobaba nada hoy”.
El legislador señaló que el proyecto establece un esquema de financiamiento equilibrado: el 50% de los recursos provendrá de los beneficiarios de la Caja (profesionales activos y jubilados) y el otro 50% del conjunto de la sociedad, a través de rentas generales y timbres profesionales.
“Hay aportes de los ciudadanos, de los beneficiarios —activos y pasivos—, y también del conjunto social a través de los timbres que pagan quienes usan servicios profesionales”, explicó. Subrayó que este esquema busca estabilizar financieramente a la Caja, cuya viabilidad estaba “en cuestión hasta hace muy pocas horas”.
El financiamiento total asciende a 160 millones de dólares. De esa cifra, 19 millones corresponden a timbres profesionales y 61 millones a rentas generales, mientras que los activos y pasivos aportarán el 50% restante.
Caggiani reconoció que el aporte estatal terminó siendo mayor al propuesto inicialmente por el Frente Amplio: “El proyecto original del Poder Ejecutivo partía de un aporte estatal de 32 millones. Vamos a aportar más, porque algunos partidos entendieron que no debía gravarse tanto a los activos y pasivos”. Este ajuste buscó proteger a profesionales en actividad y jubilados de una carga excesiva, redistribuyendo parte del esfuerzo hacia el Estado.
El acuerdo alcanzado representa un entendimiento multipartidario. “Lo importante es que hubo un punto de encuentro. Quizás fue más oneroso de lo que esperábamos, pero terminó siendo equilibrado”, señaló Caggiani.
El proyecto también contempla medidas a largo plazo, como la creación de grupos de trabajo para estudiar nuevas formas de aportes por parte de los profesionales y ampliar la base contributiva, con el fin de fortalecer la sostenibilidad futura de la Caja.
Sin embargo, el senador expresó su preocupación por el impacto del salvataje en las finanzas públicas:
“Sin duda tendrá un impacto en el espacio fiscal del Estado uruguayo y seguramente afectará decisiones sobre qué se financia y qué no. Recursos que podrían ir a combatir la pobreza infantil, por ejemplo, hoy se destinan a esto”.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un respaldo similar. “Hay un compromiso del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio para votarlo”, sostuvo Caggiani.
En tanto, los diputados de Cabildo Abierto (CA) y de Identidad Soberana (IS) votaron en contra y fueron muy críticos con el aumento del aporte estatal, que se duplicará.
“El Parlamento se dedicó a votar leyes para castigar económicamente a los uruguayos, como esta y la de multas de tránsito”, afirmó el diputado Álvaro Perrone (CA), quien calificó la jornada como “un día triste para el Uruguay”.
