El gobierno de Yamandú Orsi trabaja en un proyecto de ley que habilitará una nueva causal de jubilación anticipada para trabajadores de 60 años que acrediten 30 años de aportes.
La iniciativa, surgida de una recomendación del Diálogo Social, será enviada al Parlamento por el Senado entre julio y agosto, ya que los asuntos previsionales no pueden incorporarse a la discusión de la Rendición de Cuentas.
La propuesta responde a los planteos realizados por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio tras la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que fijó la edad mínima de retiro en 65 años para quienes nacieron a partir de 1977.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que quienes accedan a esta modalidad de jubilación anticipada no podrán continuar trabajando. Según explicó la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, esa incompatibilidad busca evitar que el beneficio sea utilizado de forma masiva.
De acuerdo con un informe elaborado por el BPS y utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, las condiciones previstas hacen poco probable una utilización elevada del nuevo régimen. Entre los argumentos se señala que la edad promedio de retiro durante la última década fue de 62,6 años, que en 2025 casi dos de cada tres nuevos jubilados tenían más de 60 años y que uno de cada cuatro trámites correspondió a personas mayores de 65 años.
El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, sostuvo que la nueva causal beneficiaría especialmente a los trabajadores de menores ingresos. Según indicó, para los tres deciles con salarios promedio cercanos a los 25.000 pesos, las jubilaciones obtenidas por esta vía serían superiores a las previstas antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.130.
El proyecto también recibió cuestionamientos. El diputado colorado Conrado Rodríguez advirtió que, tal como está planteado, el mecanismo podría funcionar como una jubilación común si la prohibición de continuar trabajando no queda claramente reglamentada.
En paralelo, el Poder Ejecutivo analiza modificaciones en el suplemento solidario que perciben las jubilaciones más bajas. El BPS estudió dos alternativas para su actualización: por el Índice de Precios al Consumo (IPC) o por el Índice Medio de Salarios (IMS). La administración evalúa un esquema mixto que ajuste el valor base por IMS y el tope por IPC, con el objetivo de reducir el impacto fiscal y preservar las prestaciones de menores ingresos.
Según las proyecciones oficiales, la incorporación de la nueva causal de jubilación anticipada tendría un impacto neutro en el largo plazo, aunque generaría un costo adicional equivalente al 0,16% del Producto Interno Bruto durante la década de 2040.
LaRed21
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