La comisión especial de la Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Se prevé que la iniciativa reciba media sanción en general el próximo miércoles, cuando sea tratada en el plenario de la cámara.
Esto ocurrirá a pesar de que no hay consenso sobre los puntos centrales del proyecto. El pasado viernes, el Frente Amplio presentó una contrapropuesta que recoge la mayoría de los elementos planteados previamente por la coalición republicana, los cuales habían sido exigidos como condición para votar la iniciativa del Poder Ejecutivo. La incógnita ahora es cuál será finalmente el contenido del proyecto que salga aprobado de la Cámara Baja.
El oficialismo se resiste a modificar dos aspectos considerados el “núcleo” de la iniciativa. La Caja de Profesionales ya ha advertido que, a partir de julio, no contará con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Para evitar una crisis financiera, el Poder Ejecutivo propuso elevar del 18,5% al 22,5% la tasa de aportes de los activos y establecer una “aportación pecuniaria” para los pasivos, con una media del 9%.
En respuesta, la coalición propuso eliminar el aumento para los activos —contemplando que, a partir de enero, la caja pueda reducir el aporte al 16,5%— y también suprimir el aporte adicional de los pasivos.
Por su parte, la contrapropuesta del Frente Amplio plantea mantener el aumento de la tasa de aportes de los activos, pero permitiendo que la institución reduzca ese porcentaje una vez que alcance la estabilidad financiera. En cuanto a los pasivos, el oficialismo aceptó reducir en promedio un punto porcentual el nuevo aporte, quedando en alrededor del 8%.
Esa reducción implicaría una diferencia de unos 4 millones de dólares, que serían cubiertos por el Estado a través de Rentas Generales. En total, la contribución estatal al salvataje de la Caja rondaría los 36 millones de dólares anuales.
El diputado Joaquín Garlo expresó: “No es justo que la carga de la solución recaiga sobre toda la ciudadanía. Debe haber involucramiento de todos los actores del sistema”. Garlo consideró importante mantener el esfuerzo compartido entre las partes.
Respecto a los timbres profesionales, el Frente Amplio accedió a que su ajuste se realice en base al Índice Medio de Salarios, con un primer ajuste diferencial que contemple la variación de precios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.
En diálogo con El País, el diputado colorado Conrado Rodríguez consideró que el planteo oficialista “no toca el corazón del proyecto”. En la misma línea, el nacionalista Pablo Abdala valoró, no obstante, que este avance podría conducir a un acuerdo más amplio en las próximas horas.
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