La Policía detuvo en la tarde del jueves 24 de septiembre a un empresario inmobiliario de Piriápolis que se encontraba requerido por la Justicia, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a la falsificación de documentos para apropiarse y comercializar terrenos en Punta Negra.
Según informó La Diaria, el empresario, propietario de una inmobiliaria de Piriápolis, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, y comenzó a partir de una actuación administrativa dispuesta por la Intendencia de Maldonado en junio de 2019.
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba poderes falsificados para realizar compraventas de terrenos en nombre de sus propietarios. Para ello se habría falsificado la firma y utilizado el sello de un escribano fallecido, quien no emitía poderes desde la década de 1980, según informó El País.
Los investigadores determinaron que los integrantes de la organización buscaban terrenos cuyos propietarios, en muchos casos argentinos, habían fallecido o no concurrían habitualmente a Uruguay. Esta situación permitía que los predios permanecieran sin una custodia permanente.
Mediante los documentos falsificados, los involucrados actuaban en nombre de los propietarios y realizaban compraventas ficticias entre ellos. En esas operaciones no se pagaba el valor correspondiente o se abonaban sumas muy inferiores al precio real de los terrenos.
Posteriormente, los predios eran vendidos a terceros compradores de buena fe, generando ganancias de miles de dólares. Para concretar parte de esas operaciones se utilizaba una inmobiliaria de Piriápolis.
El propietario de la inmobiliaria había sido requerido junto con su esposa, su suegra y una escribana. Según había señalado su defensa, el empresario se encontraba de vacaciones en Brasil y tenía previsto regresar este domingo.
En el marco de la causa, dos de los principales involucrados fueron imputados y deberán afrontar un juicio oral.
Uno de ellos trabajaba en la inmobiliaria utilizada para las operaciones. Según la investigación, era quien identificaba los terrenos que serían apropiados y, en algunas ocasiones, concurría a padrones ocupados presentándose como propietario e intimando a los ocupantes a retirarse bajo amenazas de embargo.
Fue imputado por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y dos delitos de estafa.
El segundo imputado habría facilitado el poder atribuido al escribano fallecido. Durante un allanamiento en su domicilio fueron encontrados un sello y fotocopias de documentos utilizados por el profesional fallecido.
Además, declaró ante la Fiscalía que el propietario de la inmobiliaria y su empleado se habían acercado a él para llevar adelante la maniobra.
Esta persona fue imputada por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.
Según la Fiscalía, ambos participaron en los distintos negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo.
El Ministerio Público había solicitado 90 días de prisión preventiva para los dos imputados, argumentando que podían entorpecer la investigación si establecían contacto con personas que todavía permanecían requeridas o con otros testigos.
Sin embargo, la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, dispuso para ambos arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de este año. También les prohibió comunicarse con las demás personas mencionadas en la investigación.
La magistrada consideró que estas medidas eran suficientes para evitar un eventual entorpecimiento de la investigación y tomó en cuenta el planteo de las defensas, que sostuvieron que los imputados desconocían el paradero de las personas que permanecen requeridas.
Por otra parte, otras dos personas que comparecieron ante la Justicia habían participado solamente en algunas operaciones de la maniobra y alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía.
Una de ellas es una mujer que, según la investigación, participó en el esquema sin conocer que las operaciones estaban basadas en un poder falso. La otra persona es su pareja, quien intervino en operaciones puntuales.
Ambos fueron condenados por asociación para delinquir y estafa y deberán cumplir 18 meses de libertad a prueba.
La Fiscalía sospecha además que otras cuatro personas integran la organización y ya fueron libradas órdenes de detención. Un quinto presunto participante falleció.
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