El diputado del Partido Nacional por Maldonado, Federico Casaretto, expresó reparos al proyecto de ley que propone extender por dos años la intervención del CASMU y habilitar a la institución a acceder a una nueva garantía estatal por 120 millones de dólares.
La iniciativa fundamenta que el CASMU es uno de los principales prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con aproximadamente 171.000 afiliados a junio de este año. Además, sostiene que su presencia territorial, el empleo que genera y su articulación con otros prestadores hacen relevante preservar su estabilidad.
El proyecto también señala que la institución atraviesa desde hace años dificultades económico-financieras que motivaron su acceso reiterado al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, creado por la Ley Nº 18.439.
Actualmente, el CASMU se encuentra intervenido por el Ministerio de Salud Pública, sin desplazamiento de autoridades. La última prórroga, dictada el 29 de julio de 2025, vence este miércoles 29 de julio de 2026, por lo que el proyecto deberá ser considerado antes de esa fecha.
En rueda de prensa, Casaretto afirmó que la prórroga de la intervención debe aprobarse por razones de continuidad institucional, aunque cuestionó que el Ejecutivo haya enviado el proyecto en las horas previas al vencimiento del plazo.
“El gobierno tuvo 363 días para enviar al Parlamento la prórroga de la intervención y lo hace en las últimas horas. Tendremos que acompañarla porque no creemos que el CASMU esté en condiciones de dejar de estar intervenido. Lo que queremos saber es por qué ahora la extensión es por dos años y no por uno, como ocurrió hasta ahora.”
Respecto a la nueva garantía estatal por 120 millones de dólares, el legislador sostuvo que aún no cuenta con información suficiente para respaldar la iniciativa.
Indicó que en febrero solicitó información al Ministerio de Salud Pública sobre la situación financiera del CASMU y que la respuesta fue recibida recientemente, con parte de la documentación declarada confidencial.
Según Casaretto, el Parlamento debe conocer el destino de los recursos públicos antes de autorizar una nueva garantía.
“Es dinero de todos los uruguayos. Si el CASMU no puede acceder a un préstamo en el sistema financiero, recurre al Estado. Entonces necesitamos conocer los números antes de otorgar una nueva garantía.”
El diputado también cuestionó la falta de informes de los interventores y afirmó que el Parlamento no puede aprobar un “cheque en blanco” sin conocer el detalle de las deudas que respaldaría el Estado.
Asimismo, manifestó diferencias con otros aspectos del proyecto, entre ellos la extensión de la intervención por dos años y las modificaciones vinculadas a la integración de la dirección de la institución.
Finalmente, señaló que uno de los antecedentes que, a su juicio, merece explicación es el pago de una indemnización de 275.000 dólares al doctor Niggemeyer, al considerar que posteriormente el CASMU solicita nuevas garantías estatales.
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