Una auditoría de la certificadora internacional Bureau Veritas concluyó que el astillero español Cardama no está en condiciones de cumplir los plazos de entrega de las dos patrulleras oceánicas encargadas por el Estado uruguayo.
El informe, de 28 páginas, al que accedieron la diaria y El País, advierte además sobre fallas de seguridad, ausencia de equipos fundamentales y atrasos de al menos cinco meses en el avance de obra. Aunque la calidad de los bloques ya construidos fue calificada como satisfactoria, se detectaron deformaciones estructurales y deficiencias que deberán ser corregidas.
La inspección fue realizada entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025, y el documento final se entregó el 16 de enero de 2026. Entre los puntos más críticos figura el incumplimiento de la normativa de bandera uruguaya, ya que el astillero no presentó el proyecto técnico ni solicitó el permiso de construcción correspondiente.
También se constató que el estudio de estabilidad en averías permanece inconcluso y que el buque carece de un mamparo estanco en popa, requisitos básicos del convenio internacional Solas, lo que compromete la seguridad y la certificación final de las embarcaciones.
A esto se suma la falta de motores principales, grupos generadores y equipamiento de emergencia. Bureau Veritas denunció, además, una suspensión deliberada del suministro de información por parte de Cardama desde noviembre del año pasado.
El avance de obra también se encuentra por debajo de lo previsto: solo se completó el 43% del acero del primer buque, cuando el cronograma establecía un progreso cercano al 70%.
Paralelamente, la investigación administrativa dispuesta en abril del año pasado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la compra de los buques, sugiere iniciar un sumario al exdirector de Recursos Financieros del ministerio, Damián Galo. Según informó El Observador, la adjudicación a Cardama careció de un análisis de viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real del astillero.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo evalúa rescindir el contrato firmado durante el gobierno anterior. Según trascendió, Cardama tampoco constituyó correctamente las garantías exigidas, lo que derivó en una denuncia penal por estafa o fraude.
Tras regresar de una gira oficial por China, el presidente Yamandú Orsi deberá definir en los próximos días, junto a su gabinete, los pasos a seguir.
El contrato establece que, en caso de incumplimiento, el Estado puede cancelar el acuerdo, exigir la devolución de los montos abonados y aplicar multas que pueden alcanzar los 10.000 euros diarios.
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