El gobierno de Javier Milei obtuvo un fallo exprés que prohíbe a los medios de comunicación difundir los audios de Karina Milei, supuestamente grabados de manera ilegal en la Casa Rosada.
La decisión fue tomada por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni. “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”, afirmó.
El fallo de Maraniello prohíbe la difusión de los audios “a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o en redes sociales desde todo sitio, plataforma o canal web”. Precisa que la medida se refiere exclusivamente a grabaciones realizadas en la Casa Rosada.
Con un argumento controvertido, el juez sostuvo que “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de los audios de Karina Milei. Agregó que “tal situación configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior, lo que da lugar al concepto de peligro en la demora”. Lo llamativo es que el magistrado no tiene conocimiento sobre el contenido de los supuestos audios, por lo que no podría evaluar el daño que su publicación provocaría.
Antes de este fallo, el gobierno presentó en el fuero penal federal una denuncia por violación a la Ley de Inteligencia, en la que pidió además la censura a los medios y allanamientos a periodistas. La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 12, subrogado por Julián Ercolini, quien en principio no tomó medidas, aunque trascendió que podría ordenar allanamientos.
El gobierno solicitó allanar la sede de Carnaval Stream, donde se difundieron los audios, y ordenar la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, copias de respaldo, planillas de programación y toda documentación vinculada.
Asimismo, requirió allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del abogado Franco Bindi y del empresario Pablo Toviggino, con el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación.
En su presentación, el Ejecutivo pidió que se adopten “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal)”, y reclamó la colaboración de medios de comunicación, prestadores digitales y organismos involucrados.
política online / foto: Milei
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