El intendente recordó que quienes la promueven buscan ganar tiempo en la justicia para que privados sigan usufructuando un espacio público que está avalado por varias sentencias favorables a la IDM como tal. Su no retiro impide el cuidado de la faja costera, la relocalización de una ONG protectora de animales y la instalación de una escuela de Remo y Kayak para niños de bajos recursos.
En la zona será trasladada, en mejores condiciones, la reserva de fauna marina SOS, con nuevas instalaciones y piscinas, así como una escuela de Kayak y Remo para niños de todas las clases sociales que irían en ese lugar.
El gobierno de Maldonado tiene la autorización ambiental previa desde setiembre de 2022 para demoler, instancia a la que se llega luego de medidas dilatorias por parte de privados que se resisten a dejar un espacio público que fue confirmado por la justicia en primera y segunda instancia.
Al ser consultado sobre la denuncia que iniciaron dos hermanos, que se adjudican la propiedad de padrones en plena costa de Punta Colorada, Enrique Antía explicó que “claramente no existe abuso de funciones porque se trata de un litigio que la IDM ganó con varias sentencias judiciales que dicen que esa tierra es pública y no privada”.
Al ser consultado en rueda de prensa el jefe comunal agregó que la IDM tiene autorización para demoler y cada vez que se acerca el momento interponen acciones de amparo que le son adversas también, algo que definió como maniobras jurídicas para ganar tiempo.
La última fue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, y si bien aún no hay una resolución el procurador del tribunal informó que son tierras públicas y por tanto se puede proceder a la demolición.
Ahora, otro grupo de abogados aparece en escena realizando una denuncia de abuso de funciones para ganar tiempo, señaló.
Enrique Antía sostuvo que el objetivo de la IDM es recuperar un espacio público para toda la comunidad.
Vale recordar que desde el año 1995 se iniciaron acciones para demostrar la propiedad privada que alegan los privados, algo que no han podido demostrar ante el Poder Judicial.
La argumentación de la propiedad privada que no existe, está laudada en la Justicia, tanto en primera como en segunda instancia.
Ahora, al presentarse en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo han iniciado acción de Nulidad de la Resolución Nº05079/2021 del 18 de agosto de 2021, resolución que dispuso la intimación a los ocupantes de la propiedad pública, a proceder a la demolición de las construcciones bajo apercibimiento de demolición por la Intendencia a su costo, otorgándole un plazo de 30 días para ello; hecho que no han efectivizado aún.
La Resolución hasta el momento no se encuentra suspendida.
En esa zona ya se procedió a la demolición de las boteras que existían en el mismo padrón y configuraban una contaminación ambiental a la costa de gran magnitud.
Vale resaltar que en 2021 iniciaron una Acción de Amparo contra esta misma demolición donde la Justicia no les dio la razón y volvió expedirse sobre la propiedad pública del inmueble.
El área jurídica de la IDM entiende que se ha hecho un abuso de las vías procesales y se ha utilizado un inmueble en forma abusiva para provecho privado, siendo un espacio público, sacando un rédito económico, personal e ilegítimo.
A través de emisarios familiares, por iniciativa propia, propusieron llegar a una transacción con la IDM para desocupar el bien, dando permanentemente largas al asunto llegando el tema a la Suprema Corte de Justicia.
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