Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable) emitió un comunicado que tituló “Silenciando reclamos ambientales”.
“Las acciones de la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Ambiente contradicen el Acuerdo de Escazú ratificado por Uruguay”.
“Este acuerdo tiene por objeto asegurar los derechos a la información ambiental, a la participación de los individuos, y el acceso a la justicia. Es de los convenios internacionales más recientes en materia ambiental, aprobado por Uruguay por la ley 19.773 del 17 de julio de 2019”.
“En la polémica sobre obras en la rambla de Punta Colorada, la Intendencia Departamental de Maldonado, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, procuraron anular los reclamos ciudadanos apelando a argumentos que, además de oponerse entre sí, contradicen el mandato de ese acuerdo2.
“Esa postura se agrava más con la demanda penal de la Intendencia de Maldonado por falso testimonio a los reconocidos profesores Omar Defeo y Daniel Panario, docentes de la Udelar”.
Desde los movimientos firmantes nos sentimos en la obligación de señalar que esas acciones podrían estar reñidas con las obligaciones asumidas por Uruguay bajo el Acuerdo de Escazú. Más allá de la improcedente denuncia penal, la actuación en el expediente del Ministerio de Ambiente es claramente en sentido contrario a la promoción del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana que el Estado debe propiciar y lejos de facilitar y promoverlas, como reza el acuerdo, las entorpecen e intentan limitar.
Alertamos que las acciones judiciales contra organizaciones y ciudadanos que reclaman y advierten por riesgos ambientales de las obras de un gobierno departamental, apoyadas por un Ministerio de Ambiente que declara no haber estudiado el tema, son contrarias a los fines y espíritu invocados por los acuerdos como el de Escazú.
Este proceder de organismos gubernamentales orientados a silenciar, impedir o penalizar reclamos por derechos sociales y ambientales configura un peligroso precedente. Se dan por tierra así, en los hechos, las declaraciones del propio Ministro de Ambiente que refiriéndose al acuerdo de Escazú expresara que es: “una oportunidad excepcional para mostrar la trascendencia que tienen los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y a la Justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras”.(1)
Continuaremos trabajando y apoyando la discusión leal, franca y abierta de todos los temas que suponen pensar el territorio como sustentable para quienes lo habitamos.
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