Fernando Sabag Montiel está solo. Nadie lo visita. Nadie pide por él. Nadie quiere conversar con él. Ningún otro preso. Ningún familiar. Ni siquiera quien fuera su novia, Brenda Uliarte, también detenida. El hombre acusado de haber querido matar hace un año a Cristina Fernández de Kirchner pasa solo sus días, mientras espera que en algún momento comience el juicio oral que lo tendrá como protagonista.
Ese juicio oral no tiene fecha aún. En los tribunales de Comodoro Py apuntan que podría darse durante 2024, pero es una especulación. El Tribunal Oral Federal que salió sorteado, el número 6, no tiene jueces titulares. Hace dos años y medio que funciona con subrogantes, magistrados de otros tribunales que, cuando ofician de suplentes, permanecen por un año en ese cargo, renovable solo por uno más. Por estos días, los subrogantes del TOF 6 son Sabrina Namer (presidenta para este caso), Daniel Obligado e Ignacio Fornari, aunque es posible que no sean ellos quienes juzguen el atentado contra la vicepresidenta. Obligado debe dejar este tribunal el 30 de noviembre. Los otros, durante 2024. Los integrantes del tribunal quedarán fijados en el momento en que se determine la fecha de inicio del juicio oral.
La investigación sí tiene, en cambio, una fiscal de juicio que todo indica que no va a cambiar. Es Gabriela Baigún, quien cumplió el mes pasado todos los requisitos para jubilarse, pero continuará en el cargo para afrontar este caso. En Comodoro Py dan por hecho que tanto ella como la defensora oficial de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, y la querella de la vicepresidenta pedirán medidas de prueba adicionales a las ya desarrolladas en primera instancia, por lo que habrá una instrucción suplementaria en la instancia oral.
De acuerdo con el Código, el próximo paso del proceso será que todas las partes sean convocadas a ofrecer la prueba que consideren pertinente para el juicio. Y las medidas de instrucción adicionales que puedan solicitar deberán acotarse a ahondar en los ejes trazados en lo que fue elevado a juicio por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Es decir, limitarse a indagar en los roles de Sabag Montiel (36), Brenda Uliarte (24) y el “copito” Nicolás Carrizo (28) en el frustrado atentado.
Los tres acusados que van a juicio
Fernando Sabag Montiel
ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO
Nacido en Brasil, había llegado a la Argentina en 1993 con su madre, Viviana Sabag, que falleció en 2017. No tenía vínculo con su padre, Fernando Ernesto Montiel Araya, un chileno detenido en varias ocasiones en Brasil por hurto y peculado. Trabajó en una remisería, aunque solía ausentarse varias veces por semana, y formaba parte de un grupo que vendía copos de azúcar por las calles. Cobraba 60.000 pesos por el alquiler de una casa heredada en Villa del Parque y ocupaba desde hacía ocho meses un ambiente de 15 metros cuadrados en Villa Zagala, San Martín, que era un caos de ropa y comida, según comprobó la Policía cuando allanó el lugar, en el que convivió con Uliarte. Antes del ataque, la pareja había hecho llamativas apariciones en móviles de televisión del canal Crónica para hablar en contra del Gobierno. El Cuerpo Médico Forense evaluó que el agresor no tenía signos de alteración patológica, mientras dos psicólogas de la Policía Federal sostuvieron que mostraba una “disgregación del pensamiento” y un “relato confuso”. Está acusado de haber intentado matar, con premeditación, a la vicepresidenta Cristina Kirchner contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo. Preso desde la noche del atentado, cumplió 36 años en la cárcel. No tiene visitas, envió cartas al juzgado de contenido confuso y hasta hace poco, no quería recibir siquiera a su defensor público.
Brenda Uliarte
ACUSADA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO (COMO PARTÍCIPE NECESARIA)
De 23 años al momento del atentado, fue criada por su abuela paterna desde los 6, cuando su madre, Máxima, se mudó a Tucumán, y tiene una historia marcada por diversas tragedias, incluida la muerte de un hijo a las pocas semanas de nacer. “Estaba con psicólogo y dejó de ir”, señaló su padre, quiosquero y excolectivero, quien admitió que en los meses previos al atentado había tenido poca conexión con ella. Además de participar en móviles de televisión, Uliarte también fue entrevistada en los estudios de Crónica antes del ataque a la vicepresidenta como una joven crítica del kirchnerismo. Estaba de novia con Sabag Montiel y compartían el ambiente de San Martín, aunque su casa familiar era en San Miguel. Según declaró su padre en la causa el mes pasado, cuando vivía con él tenía una pieza apartada y se la pasaba estudiando para terminar el secundario.
Dos semanas antes del atentado contra Cristina Kirchner, participó de una marcha organizada por el grupo radicalizado Revolución Federal frente a la Casa Rosada con antorchas y una guillotina de madera.
Con nombres de fantasía, había generado contenido erótico para plataformas online y formaba parte del grupo que vendía algodón de azúcar en la calle. El día del atentado, las cámaras de las calles la registraron llegando con Sabag Montiel a Recoleta. Las posteriores pruebas en su contra aparecieron en su celular: sus conversaciones permitieron acceder al plan ideado para matar a Cristina Kirchner.
Nicolás Gabriel Carrizo
ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO (COMO PARTÍCIPE SECUNDARIO)
Era una suerte de líder del grupo de vendedores de algodón de azúcar porque era el dueño de la garrafa que utilizaban Sabag Montiel, Uliarte y los demás para fabricar los copos. Quedó detenido dos semanas después del atentado, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para retirar su celular, que le habían retenido durante su declaración voluntaria luego del ataque en Recoleta. En su teléfono había mensajes que demostraban su conocimiento de la planificación para atentar contra la vicepresidenta. Además, días después del intento de magnicidio, había publicado un estado de WhastApp con una leyenda que decía: “Seguro el próximo sos vos Alberto, ¡Tené Cuidado!”. Según la fiscalía, tomó parte, “prestando su acuerdo y cooperación”, en la organización del atentado. Aportó incluso una pistola calibre 22 corto, que finalmente no fue la que se usó.
Baigún, no obstante, dijo a LA NACION que ya empezó a estudiar el caso y que no descarta la posibilidad de que haya otros autores intelectuales. Sin embargo, todo lo que excede a los tres acusados del atentado continúa en trámite en primera instancia, en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo –sobre el atentado en sí-, como del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan la posible comisión de delitos por parte de integrantes del grupo Revolución Federal, un caso que la querella de la vicepresidenta sostiene que está indudablemente ligado al del atentado. Según ella, detrás de Revolución Federal se esconde una motivación política del intento de homicidio y la prueba central es que uno de los referentes de esta agrupación recibió extraños pagos millonarios por obras de carpintería de parte de Caputo Hermanos. Los hizo Rossana Caputo, hermana de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri. La sospecha, que tomó la Justicia, es que podría tratarse de un financiamiento oculto de las actividades violentas de Revolución Federal. La vicepresidenta va un paso más allá y sostiene que se trataría de un financiamiento del atentado, pero hasta ahora los responsables de la investigación no encontraron evidencias que relacionen a Revolución Federal con el ataque a Fernández de Kirchner.
El fiscal Rívolo así lo expuso en su requerimiento de elevación a juicio del caso. “Toda la prueba reunida hasta aquí –afirmó-, revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, y destacó que el atentado, tal como se cometió, no requirió de ningún financiamiento adicional. Rívolo, a quien Capuchetti le delegó la instrucción de la causa meses atrás, mantiene sendas de investigación abiertas. Entre ellas, el desarrollo de una pericia caligráfica sobre un manuscrito para determinar si lo escribió Uliarte. En ese texto se alude a la llamada “regla de Tueller”, que determina la distancia mínima necesaria que permite defenderse con un arma de fuego de un ataque con arma blanca.
De Milman a la vecina
Otra línea abierta en la pesquisa se centra en el exnúmero dos del Ministerio de Seguridad durante el macrismo y actual diputado nacional, Gerardo Milman. La Cámara Federal ordenó avanzar sobre sus teléfonos y extraer solo lo que pudiera vincularse con la investigación, lo que convalidó el Congreso, por lo que el legislador entregó un aparato en los tribunales. El peritaje, sin embargo, quedó supeditado a un recurso que presentó Milman para acudir a la Casación Penal, en tanto que Rívolo busca verificar si Milman se movía por entonces con otras líneas telefónicas. Los abogados de la vicepresidenta reclaman, sin embargo, que la pesquisa se amplíe, convencidos que hubo financiamiento y respaldo político al intento fallido de los “copitos”. En su último escrito, pidió investigar a la vecina de Fernández de Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, quien reside en el edificio que habitaba la vicepresidenta cuando fue el atentado –en el último piso-, y a Delfina Wagner, panelista en Crónica TV que se alojaría en ese departamento. Quieren determinar si tienen vínculos con el atentado.
De acuerdo con los abogados de Fernández de Kirchner, Wagner podría ser un punto clave de conexión entre Revolución Federal y Brenda Uliarte y Sabag Montiel, como también podría vincular a esos dos detenidos con Milman. “Wagner es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados en esta causa. Las coincidencias son demasiadas, y es necesario investigarla inmediatamente”, reclamaron. En esa línea, una opción sería ordenar el peritaje del teléfono de Wagner, quien no figura entre los contactos del celular de Uliarte. La jueza Capuchetti deberá evaluar si ordena abrir el teléfono y, en ese caso, cómo, para no vulnerar la garantía constitucional del secreto de sus fuentes periodísticas.
En paralelo a la investigación judicial, en tanto, la Policía Federal tramita tres sumarios administrativos para determinar cómo actuaron sus agentes y evaluar eventuales responsabilidades, detallaron a LA NACION fuentes al tanto de esas actuaciones. Tanto durante la noche misma del atentado, como los días que siguieron.
Sanciones en el horizonte
El primer sumario de la Superintendencia de Asuntos Internos se centra en la actuación de la custodia de la vicepresidenta de acuerdo al “Protocolo de Actuación N° 7” que fija desde hace más de una década las pautas con que debe actuar la custodia de funcionarios y dignatarios. Los otros dos sumarios, en tanto, apuntan a evaluar la actuación de los expertos de la fuerza durante el peritaje del teléfono de Sabag Montiel cuyo contenido se perdió –caso que en Comodoro Py investiga el fiscal Ramiro González-, como también los roles de sus agentes durante el seguimiento y detención de Uliarte, y durante el período en que se ordenó escuchar sus teléfonos en tiempo real, orden que se incumplió durante horas.
Todavía abiertos, el instructor sumariante de Asuntos Internos debería presentar su “informe conclusivo” en el corto plazo. Consignaría irregularidades, fruto de la desidia o negligencia. Es decir, en línea con las conclusiones de los tribunales de Comodoro Py, donde no se detectaron vínculos con Sabag Montiel, Uliarte o Carrizo-, pero sí podrían avanzar contra algunos custodios por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“El ‘Protocolo 7’ fija las pautas, sí, pero también queda supeditado a las decisiones y la voluntad de la persona custodiada, por lo que su análisis debe encararse caso por caso”, aclaró una fuente. En el requerimiento de elevación a juicio que firmó el fiscal Rívolo está citada la declaración de Guillermo Federico Gallo, uno de los custodios que actuó la noche del atentado, que dijo: “A solicitud de los secretarios de Cristina y de la mandataria, no se nos permite realizar el diagrama de cobertura de 360 grados debido a que ella solicita el contacto con la militancia constantemente”.
De todos modos, una fuente oficial al tanto del sumario dijo a LA NACION que avizora que la instrucción terminará en posibles sanciones –acaso suspensiones-, que no llegarían al punto de la exoneración, pero podrían complicar los ascensos –y, por tanto, la carrera- de algunos custodios.
¿Declara Uliarte?
En los tribunales de Comodoro Py están más atentos, sin embargo, a lo que pueda ocurrir con Uliarte durante los próximos días, tras designar como su abogado defensor a Carlos Telleldín, protagonista insoslayable del “caso AMIA” (Telleldín cobró US$400.000 de la SIDE para declarar sobre el atentado y terminó condenado a 3 años y tres meses de prisión –condena que no está firme- por el delito de encubrimiento junto al exjuez Juan José Galeano y otros acusados). Esta semana, Telleldín declaró en una radio que su clienta pediría ampliar su declaración y aportaría “los nombres de quienes pagaban y quienes recibían el pago” para manifestarse y protestar frente al domicilio de Fernández de Kirchner en la Recoleta. Quienes pagaban, afirmó Telleldín, serían “funcionarios de la ciudad de Buenos Aires” vinculados a Milman, aunque aclaró que esos manifestantes “no fueron pagados para hacer un magnicidio, sino una convulsión social”. Luego, en declaraciones a Página 12, Telleldín ya no aludió a “funcionarios” porteños, sino a “una persona allegada” a Milman, con el fin de “concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner”, e insistió con que “no era para matar a nadie, sino para que vayan a provocar”. LA NACION intentó contactar a Telleldín, pero no respondió los llamados.
Uliarte y Sabag Montiel, mientras tanto, ya arrastran una primera condena tras el atentado. En junio los condenaron a un año de prisión en suspenso por la tenencia ilegítima de un documento de identidad ajeno. No se veían desde hacía nueve meses. Ella lo trató de “ex”; él, de “Uliarte” y, como en la pesquisa por el atentado, trató de desvincularla. No lo logró.
Sometido a un estricto régimen de vigilancia, Sabag Montiel pasa sus días, solo, en el penal de Ezeiza, sin interactuar con otros detenidos o presos. Durante meses rechazó reunirse con Juan Hermida, su defensor oficial, hasta que su pesquisa se elevó al tribunal oral, y también se negó a ver a los psicólogos. Ahora, según informaron fuentes de la causa, solo recibe la visita, una vez al mes, de la defensora López Puleio o alguien de su Defensoría, pero mostró un atisbo inesperado de interés. Quiere reconectar con su padre chileno, convicto en Brasil y ausente desde hace años. Los últimos datos lo ubican por Colombia.
LA NACION
