Marina Ovsyannikova ha sido detenida y se enfrenta a penas de prisión por sacar un cartel en un informativo de máxima audiencia. Los medios rusos recogen la protesta sin mostrar el mensaje y muchos la borran horas después.
La protesta duró unos segundos en horario de máxima audiencia en el principal canal de Rusia. La editora de la sección de internacional Marina Ovsyannikova irrumpió el lunes por la noche detrás de la presentadora con un cartel contra la guerra, algo que podría ser duramente sancionado por la ley “contra la desinformación” que aprobó el Gobierno de Vladímir Putin a los pocos días de comenzar la ofensiva sobre Ucrania.
Su gesto llegó a millones de rusos, a los que pidió salir de su estado de trance mientras prosigue el conflicto. “No a la guerra. Parad la guerra. No creáis la propaganda. Te están mintiendo”, ponía en el cartel.
La periodista gritó consignas como “alto a la guerra” mientras la presentadora alzaba el tono de voz y los realizadores daban paso a un vídeo sobre un hospital. Lo hizo durante la emisión de Bremya (Tiempo), un programa de Pervyi Kanal que lleva en antena desde 1968 en la primera televisión del país. El suceso fue ampliamente difundido por casi toda la prensa rusa nada más suceder pasadas las 22.00 de la noche del lunes, pero ha desaparecido de las portadas este martes por la mañana pese a su rápida propagación en internet. El cartel apareció difuminado en todos los medios y en sus perfiles de redes sociales para evitar ser censurados.
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— OsintTv (@OsintTv) March 14, 2022
Tras la irrupción en el plató, Ovsyannikova fue trasladada desde las instalaciones de la televisión en Ostánkino a dependencias policiales, según confirmaron el diario Kommersant y el portal periodístico OVD-Info, especializado en cubrir las protestas contra el Kremlin y sus detenciones. Este último medio ofreció a la periodista la asistencia legal de dos de sus abogados. La reforma acometida por el Kremlin contempla como delito “desacreditar a las fuerzas armadas rusas”. Además de una multa, la condena puede conllevar penas de cárcel de hasta tres años, o 15 si se pone en riesgo al Ejército.
El País (Madrid)
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