El Senado uruguayo dio un paso clave en el proceso de aprobación del presupuesto quinquenal, tras una sesión que se extendió hasta la medianoche de este martes. La Cámara Alta aprobó en general el proyecto de ley con 26 votos a favor sobre 29 senadores presentes.
El trámite se desarrolló con margen dentro del plazo constitucional, que vence el 10 de diciembre. Ahora comenzará la discusión artículo por artículo —más de 650 en total— y el análisis de las reasignaciones presupuestales, previsto entre miércoles y viernes.
Apoyaron la iniciativa el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional y Vamos Uruguay del Partido Colorado. En contra votaron los senadores colorados del sector Unir para Crecer —Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Martín Melazzi—. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para su consideración final.
La bancada del Frente Amplio confirmó que se acordaron reasignaciones por 320 millones de pesos, destinados a reforzar áreas como la Fiscalía, los operadores penitenciarios, la ANEP, la Udelar y la UTEC. Los recursos provendrán principalmente de partidas de la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, sin afectar programas ya comprometidos.
Debates en sala
El senador frenteamplista Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Presupuesto, abrió la discusión señalando que el proyecto “expresa políticamente” el programa de gobierno del FA, construido sobre tres pilares: crecimiento económico, refuerzo de la matriz social y fortalecimiento de la seguridad pública. Afirmó que el gobierno de Yamandú Orsi asumió con la situación fiscal “más compleja de los últimos 35 años” y que la estrategia económica apunta a asegurar la sostenibilidad de la deuda, con un equilibrio fiscal primario proyectado para 2029.
Explicó que el Ejecutivo descartó subir impuestos de forma generalizada, apostando en su lugar a mejoras en la eficiencia recaudatoria de la DGI y a reformas tributarias “técnicas y equitativas” para que “pague más el que tiene más”.
Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry anunció su voto afirmativo, aunque lamentó la falta de consenso respecto al secreto bancario. Valoró que se haya avanzado en que su levantamiento requiera autorización judicial, pero reconoció que persisten diferencias sobre aspectos procedimentales.
Por el Partido Nacional, el senador Sergio Botana criticó la base de gasto —similar a la rendición de 2024, calificada como “carnaval electoral”— y cuestionó que el aumento de ingresos dependa de la eficiencia tributaria. Sobre el secreto bancario, reafirmó la postura nacionalista de mantener las garantías ciudadanas: “Es con juez, con defensa y con garantías absolutas”.
Reasignaciones detalladas
Durante un cuarto intermedio, el senador FA Daniel Caggiani precisó el destino de los 320 millones reasignados:
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Seguridad pública:
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Casi 30 millones para la Fiscalía General de la Nación (16 millones para la Unidad de Víctimas y 14 millones para una nueva fiscalía en Toledo).
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20 millones para operadores penitenciarios.
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Educación:
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Casi 180 millones para la ANEP (incluye 15 millones para extensión del tiempo pedagógico en UTU y 45 millones para becas del Consejo de Formación en Educación).
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120 millones para extensión del tiempo pedagógico en liceos y centros de educación media.
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Educación terciaria:
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20 millones para la UTEC.
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50 millones para la Udelar (35 millones para funcionarios no docentes y 15 millones para infraestructura).
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Caggiani reiteró que la mayor parte de estas reasignaciones provienen de las carteras de Presidencia y Economía.
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