La Suprema Corte de Justicia había iniciado una investigación administrativa y la presidenta del organismo pidió su renuncia.
Morales había indicado que “a mis efectos se perdió la confianza, y siendo funcionario de particular confianza no debería seguir en su cargo. El resto considera lo contrario. así que el resto de los miembros de la Corte tendrá que disponer lo que se deba hacer en su momento”.
En ese comunicado, no firmado por Morales se indicaba que “las conductas descritas son graves y se atribuyen a personas individualizadas que cumplen funciones en la Dirección General de Servicios Administrativos, lo que determinó que la Suprema Corte de Justicia, el mismo día en que fue presentada la denuncia, dispusiera una investigación administrativa con carácter urgente aun cuando en la denuncia no se identifican cuáles son las personas afectadas”.
También se había dispuesto que cuando Pesce volviera de la licencia no estuviera más como director general de Servicios Administrativos.
Manifestación de funcionarios
Ayer hubo un paro en el Poder Judicial, y se señala que existen 32 denuncias contra Pesce por acoso laboral. En un acto realizado frente a la SCJ se colocó por parte de los funcionarios judiciales una flor blanca, en recuerdo de un compañero que se suicidó, según manifestaron, por la persecución que sufrió.
Pablo Elizalde, el vocero del sindicato de Judiciales, había señalado a Subrayado (canal 10) que “lo que nosotros planteamos es lo inconveniente de la Corte, de no remover ya al director general. Todas las agremiaciones lo estamos reclamando, las denuncias están siendo cada vez más volcadas al sindicato. Hoy mismo ampliamos la denuncia ya hecha el jueves pasado. Y lo único que queremos destacar es la actitud valiente de la presidenta de la Suprema Corte, que a pesar de que votaron en contra, ella solicitó remover al director general y hoy lo ratificó”. Acotó que “esto no es un problema de dinero, de otra índole. Es por humanidad. Estamos hablando que acá lo que se está violentando son las condiciones de trabajo de compañeros”.
Crisis institucional
Por otro lado la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) había emitido un comunicado dónde indicaba que esa gremial “ve con profunda preocupación la crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial, a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados por funcionarios de la Dirección General de los Servicios Administrativos”.
En otra parte sostenía que al ser el director general de los Servicios Administrativos un cargo de particular confianza “de la corporación toda, por ende, si uno de sus integrantes pierde esa confianza, la única decisión admisible es la remoción” y solicitaban su cese.
También se hacia referencia a la investigación administrativa y el comunicado de la SCJ que no fue firmado por su presidenta. Al respecto se indicaba que “sin desmedro de las máximas garantías que merece la investigación de los graves hechos denunciados respecto de los funcionarios de carreras involucrados, y en la que se deberán extremar las medidas de tutela de los denunciantes frente a los denunciados que siguen en funciones en su calidad de jerarcas, entendemos que la decisión adoptada en minoría por la presidenta de la SCJ respecto a la continuidad del director general resultaba la más acorde a las particulares circunstancias, y a la necesaria pacificación de las partes en conflicto. Lamentamos que, una vez más, la Corporación haya desaprovechado la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios judiciales, y en su lugar, adoptara por mayoría una tesitura intransigente. Entendemos que debe cesarse en su cargo al director general de los Servicios Administrativos”.
diarioLaR
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