Con mayoría de traslados entre instituciones privadas, suman más de 7.000 las personas que han procedido a cambiar de prestador de salud desde el sábado 1.º, cuando se abrió la movilidad regulada. El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, tras informar que ya se superaron algunas demoras iniciales, exhortó a la población a consultar sobre las entidades a través de <atuservicio.uy>
El Ministerio de Salud Pública quiere que la población haga una elección transparente al momento de cambiar de prestador a lo largo de febrero, período en el que se habilita el pasaje de una institución a otra, conocido como movilidad regulada o, popularmente, “apertura del corralito mutual”.
Para ayudar en la decisión, las autoridades sanitarias instan a las personas a ingresar a la página en Internet <atuservicio.uy>, ya que contiene información de cada institución para un mejor conocimiento de las prestaciones que ofrecen y sus indicadores de calidad. Además, quienes quieran cambiarse pueden ingresar a <tramites.gub.uy> para saber si están en condiciones de hacerlo.
En las primeras horas de abierto el “corralito”, son más de 7.000 las personas que cambiaron de institución y en su mayoría el movimiento se dio entre prestadores privados o del público a privados, lo cual es común en estos casos, según Echevarría. Aseguró que no están sorprendidos con la cantidad de cambios, ya que suele darse un flujo mayor los primeros y últimos días del mes, pues en el resto del tiempo la cifra se estabiliza.
Si bien el sábado 1.º se registró un enlentecimiento en los trámites, dado que algunos parámetros no estaban debidamente ajustados, ahora está funcionando con normalidad, a tal punto que solo en medio día del lunes se cambiaron 3.500 personas.
Echevarría recordó que las personas que pretendan cambiar de prestador solo deberán presentarse con su cédula de identidad en la institución a la que desean afiliarse. Para poder hacerlo deben tener al menos tres años de antigüedad en un mismo centro de salud privado, sin interrupciones mayores a 120 días, requisito que no se exige a los afiliados de oficio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Consultado sobre la posibilidad de extender el plazo, dijo que, si bien algún prestador lo solicitó, consideran que aún no es oportuno analizarlo, ya que recién comenzó el proceso. Además recordó que, si se diera, ya correspondería al próximo Gobierno nacional, que asumirá el 1.º de marzo. En ese contexto, el jerarca sostuvo que la movilidad regulada es un buen sistema.
En cuanto al uso de la publicidad por parte de las instituciones, Echevarría indicó que operaron en regla, pero entiende que destinaron más dinero de lo que sería oportuno para este fin. En cuanto a situaciones de irregularidad que se dieron en el pasado en casos de intermediación lucrativa, explicó que hubo solo pequeños problemas que se resolvieron de inmediato, lo cual fue posible gracias a las inspecciones que se realizan como un mecanismo de control constante.
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