Una jueza federal de Estados Unidos anuló este viernes la prohibición de visas de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida era “contraria a la ley” y excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
El Departamento de Estado había suspendido en enero la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de casi el 40 % de los países del mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia.
La medida había sido justificada por el Gobierno estadounidense como una forma de evitar el ingreso de personas que pudieran recibir asistencia social y beneficios públicos.
La jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, cuestionó ese argumento y dejó sin efecto las denegaciones de visas basadas únicamente en esa política.
Según la legislación estadounidense, una persona puede ser rechazada por ser considerada una posible “carga pública” luego de que un funcionario consular evalúe aspectos como sus finanzas, edad, salud, habilidades y situación familiar.
Vargas sostuvo que, en la práctica, los funcionarios consulares tenían instrucciones de rechazar las solicitudes incluso cuando los interesados pudieran mantenerse por sí mismos, basándose únicamente en su país de origen.
La prohibición afectaba las visas de residencia permanente para personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en Estados Unidos. No alcanzaba a las visas de no inmigrante, como las de turista o estudiante.
La jueza también señaló que la política contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, además de otra disposición que limita la intervención del secretario de Estado en las decisiones individuales de los funcionarios consulares.
Las denegaciones realizadas por otros fundamentos legales se mantienen, incluso cuando la política también haya sido mencionada, por lo que todavía no está definido cuántas decisiones serán revocadas.
La lista de 75 países incluye naciones del Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático. Entre ellas figuran socios de Estados Unidos como Jordania, Egipto y Georgia.
La administración elaboró la lista a partir de datos del Consejo de Asesores Económicos, tomando como referencia países donde más del 30 % de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública.
Entre los demandantes del caso se encontraban ciudadanos estadounidenses con familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, además de cinco colombianos que habían solicitado visas de trabajo.
La jueza también resolvió a favor de la administración en un aspecto específico, al determinar que la medida no constituía una norma formal que debiera someterse a consulta pública antes de su implementación.
Vargas, designada durante la presidencia de Joe Biden, dio a las partes plazo hasta el 11 de septiembre para presentar propuestas sobre cómo continuar con los aspectos pendientes del caso. La administración puede apelar el fallo.
cnn/foto: Aaron Schwartz/AFP/Getty Images
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