El 6 de octubre, a las 21:40 horas, el servicio 9-1-1 recibió una alerta de que en una finca del Balneario Solís, una mujer estaba siendo agredida por su pareja. Al lugar acudió personal de la Seccional Quinta, quienes entrevistaron a la víctima, una mujer de 35 años, que manifestó estar en proceso de separación y que su pareja la había agredido físicamente mientras se retiraba del domicilio junto a sus dos hijos menores.
El agresor, un hombre de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia de Género en Piriápolis. La fiscal especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1er Turno de San Carlos, Dra. Fiorella Marzano, fue informada del caso y dispuso varias diligencias, entre ellas la constatación de las lesiones sufridas por la mujer y uno de los menores, así como el traslado del detenido a la fiscalía para su declaración.
El 8 de octubre, tras la indagatoria, se celebró una audiencia en el juzgado especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 4to Turno de San Carlos. El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de Violencia Doméstica Agravada, uno de ellos en concurso formal con un delito de Lesiones Personales. La pena impuesta fue de 12 meses de prisión, que se cumplirán de la siguiente manera: los primeros seis meses de prisión efectiva y los siguientes seis bajo régimen de libertad a prueba, con las siguientes condiciones:
- Fijar domicilio.
- Someterse a la vigilancia y supervisión de la DI.NA.M.A.
- Presentarse una vez por semana en la Seccional policial más cercana a su domicilio.
- Prestar dos horas semanales de servicio comunitario durante tres meses.
- Prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante el período de condena.
- Portar dispositivo electrónico (tobillera) durante toda la condena.
- Asistir a tratamiento para la violencia en un centro de atención a varones que ejercen violencia, cubriendo los gastos correspondientes.
Como pena accesoria, se le condenó a pagar una reparación patrimonial a la víctima, equivalente a doce ingresos mensuales o, en su defecto, doce salarios mínimos.
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