La Operación Trazador, desarrollada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), con apoyo de la Prefectura Nacional Naval, derivó en tres condenas y en la incautación de más de 265 kilos de cocaína y pasta base, además de dinero, vehículos, armas y municiones.
Uno de los condenados es Pablo Leiva, de 48 años, quien se desempeñaba como asesor del edil del Partido Nacional por Montevideo Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.
El operativo permitió incautar 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, valuados en casi dos millones de dólares. También fueron incautados más de tres millones de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, vehículos, armas y municiones.
A partir de la investigación sobre los movimientos económicos de Leiva, la Policía analiza operaciones realizadas en una agencia de cobranzas vinculada registralmente a Laura Scalabrino, esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini. La investigación sobre ese local y su eventual relación con el esquema de lavado continúa en curso.
En una conferencia de prensa realizada este martes, Gandini se refirió a la situación y sostuvo que ni él ni su esposa recibieron citaciones o notificaciones de la Policía o la Fiscalía. También afirmó que tomó conocimiento del caso a través de la prensa.
El dirigente explicó que el local de cobranzas es propiedad de su esposa desde hace aproximadamente 13 meses y que allí se realizan principalmente operaciones de pagos y cobros. Según manifestó, Leiva era conocido por los trabajadores del establecimiento como un cliente habitual que concurría a realizar determinadas operaciones.
Gandini sostuvo que las operaciones efectuadas en el local quedan registradas y que la actividad se encuentra sometida a controles. También afirmó que solicitó un informe al oficial de cumplimiento para conocer las operaciones realizadas durante el período correspondiente.
El dirigente negó que Leiva haya concurrido al local para blanquear dinero y afirmó que desconoce si las operaciones realizadas por el condenado podían estar relacionadas con actividades ilícitas.
Gandini también señaló que tanto él como su esposa están a disposición de la Fiscalía y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). Afirmó que no tienen conocimiento de estar siendo investigados y negó cualquier participación en actividades ilícitas.
Por su parte, la información oficial de Fiscalía establece que las tres personas condenadas en la Operación Trazador fueron sentenciadas mediante acuerdos abreviados y que se dispuso el decomiso ampliado de dinero, vehículos, armas y otros bienes vinculados a la organización criminal.
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