Funcionarios de Casinos del Estado iniciaron desde hoy un conflicto por tiempo indeterminado, que incluye la paralización de las actividades, ante la falta de instancias de negociación colectiva y desacuerdos con la regulación del juego online.
En declaraciones al programa Radio con Todos de RBC, Cristian Romero explicó que la medida responde, entre otros puntos, a la ausencia de diálogo con las autoridades y a la preocupación por el impacto que tendría la implementación del juego online fuera de la órbita de la Dirección General de Casinos.
Romero señaló que existen reclamos específicos de los trabajadores y otros de carácter general. Explicó que los funcionarios perciben una retribución variable que representa aproximadamente el 80 % de sus ingresos totales. “No es salario, pero tiene carácter salarial, está gravado por IRPF y otros impuestos. El salario base ronda los 25 mil pesos. Si no trabajamos o si baja la afluencia de público, cobramos menos; si aumenta, cobramos más. Depende directamente de nuestra producción”, indicó.
Detalló que este componente variable puede provenir de propinas o porcentajes, según el sector y el casino, y aclaró que la situación laboral de los funcionarios de casinos difiere de la imagen tradicional del funcionario público. “No cobramos un monto fijo todos los meses; el 80 % de lo que percibimos depende de nuestro trabajo”, afirmó.
Romero también rechazó versiones que indican que los casinos estatales generan pérdidas. “La ecuación de negocio de un casino nunca puede dar pérdida. Lo que puede dar pérdida, en algunos casos, son los casinos municipales. Nosotros dependemos de la Dirección General de Casinos, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que se recauda va a Rentas Generales”, explicó. Agregó que la ganancia líquida que obtiene el Estado por esta actividad es muy alta en comparación con otros sectores.
Respecto al conflicto puntual, sostuvo que con la nueva administración, encabezada por el director Esteban, se ha ocultado información a los trabajadores. “El principal problema hoy tiene que ver con el presupuesto y la negociación colectiva. La ley establece que cualquier modificación que afecte la carrera funcional debe ser consultada con los trabajadores, y eso no está ocurriendo”, afirmó.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el proyecto de juego online. Romero recordó que durante el período anterior se aprobó en el Senado, por unanimidad, un proyecto que establecía que el juego online estaría bajo la órbita de la Dirección General de Casinos, con las mismas potestades que el juego presencial. Según indicó, ese proyecto preveía una compensación salarial para los funcionarios, debido a que está comprobado a nivel internacional que la regulación del juego online reduce la afluencia de público a las salas físicas en alrededor de un 30 %, afectando directamente los ingresos de los trabajadores.
“El juego online es la evolución de nuestro trabajo. Si baja el público, baja la producción y bajan los salarios”, señaló.
Romero advirtió además que existen otros proyectos que plantean la creación de una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online que no sería pública, lo que genera incertidumbre sobre el destino de los fondos recaudados. “Hoy el dinero va a Rentas Generales y financia políticas públicas como educación, salud, seguridad y obra pública. No sabemos qué pasará con este nuevo esquema”, expresó.
En ese marco, confirmó que hoy los casinos no abrirán y que no hay una fecha definida para levantar la medida. Consultado sobre qué debería ocurrir para destrabar el conflicto, Romero respondió que el gobierno y la Dirección General de Casinos deben “entablar instancias de diálogo concretas y respetuosas”.
“Se ha ocultado información, se han incumplido normas legales y hemos recibido destrato. Por eso logramos que se dejara sin efecto el presupuesto operativo de este año y exigimos ámbitos reales de diálogo para construir una solución”, concluyó.
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