Una manifestación que tuvo lugar en el centro de Buenos Aires por las medidas del presidente Javier Milei se encuentra con fuerte represión policial y se registran decenas de heridos y ocho detenidos.
Disturbios y represión policial en una manifestación en Buenos Aires. Una protesta contra las medidas de austeridad del Gobierno de Javier Milei se saldó el miércoles con nueve detenidos y un centenar de heridos.
La Policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes que intentaron bloquear una avenida central congregándose frente a edificios gubernamentales para pedir más prestaciones sociales para las familias empobrecidas. Denunciaban el deterioro de los comedores comunitarios.
Un reciente protocolo de seguridad permite a las fuerzas del orden dispersar a la fuerza a los manifestantes.
Los detractores de la ley sostienen que viola la libertad de reunión, asociación y expresión y no será la primera ley de Milei que la justicia tumbe, como por ejemplo la reforma laboral.
Los festejos del Gobierno
En el Gobierno festejaron los palos como si fuera un triunfo. El presidente Javier Milei, de gira en Miami, utilizó Twitter para descargar su euforia: reposteó a varios usuarios que compartían imágenes con la brutalidad de la violencia policial. Uno de ellos decía: “Aplausos señores, vean cómo salió el camión hidrante a sacar a los piqueteros que querían hacerse los crocantes y cortar la 9 de Julio perjudicando a los trabajadores”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró como era previsible la aplicación del protocolo antipiquetes que ella misma diseñó. “Ley y orden”, posteó desde Washington, adonde viajó para reunirse con funcionarios de la CIA y el FBI. Más tarde elogió el “profesionalismo” de las fuerzas de Seguridad.
Como parte del combo, horas antes de la represión, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos lineamientos generales del programa Potenciar Trabajo (dividido en dos nuevos programas) y agregó, entre las causales de la baja del beneficio, “al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública”, en nuevo capítulo de “el que corta no cobra”.
A diferencia de represiones anteriores en el centro porteño, esta vez la que estuvo al frente fue la Policía de la Ciudad. “Fue un operativo que marca un antes y un después sobre cómo se plantea y cómo se defiende el orden y la libertad de circular en la Ciudad”, despotricó por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “El operativo fue excelente. La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos”, siguió, acompañado en conferencia de prensa por su secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Las internas con Bullrich por el manejo de la fuerza en territorio porteño, se ve, son cosa del pasado.
El recorte en los comedores
El principal reclamo de las organizaciones se centró en el ajuste que sufren los comedores comunitarios, muchos de los cuales dejaron de recibir raciones de parte del ministerio de Capital Humano desde diciembre del año pasado, lo que hace “insostenible” la situación en los barrios.
Así lo cuenta Lorena, otra de las reprimidas, que organiza el comedor Evita en el barrio porteño de Zavaleta. “Tengo a más de doscientas personas en lista de espera, a las que no le podemos dar la cena”, dice. “Desde diciembre se nos cortó todo lo seco: fideos, arroz, galletitas, harina, té, mate cocido, leche en polvo, aceites”, describe. También le recortaron los fondos para la compra de frescos. Por ahora se sostiene con donaciones y con lo que le envía el Gobierno de la Ciudad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que la ayuda a los comedores “se sostiene para todos menos para aquellos comedores que no están en regla”. Lorena lo desmiente. “Nosotros tenemos una organización civil y estamos inscriptos en la lista de comedores del ministerio desde hace años, y recibimos periódicamente la visita de asistentes sociales que ven cómo cocinamos, cuánta gente viene, que esté todo en regla. Los funcionarios del Gobierno, mienten, quieren instalar una guerra de pobres contra pobres”, asegura.
“Nos metimos en un lío”, dijo hace poco Christian Hooft, el titular de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), que firmó un convenio millonario con Sandra Pettovello para distribuir alimentos. “Se corta eso y nos dicen ‘¿ustedes pueden ayudar?’ ¿Y qué le vamos a decir, que la iglesia no puede ayudar? Ahora, el tema es: ¿y los recursos?, ¿y el equipo de gente?, ¿y los voluntarios?, ¿de dónde salen?”, se quejó.
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