El Tribunal de Cuentas resolvió el pasado miércoles aceptar el pedido del fiscal de Maldonado, Jorge Vaz, y realizará una auditoría integral sobre la gestión administrativa de la Junta Departamental de Maldonado correspondiente al período 2020-2025.
El organismo de contralor ya comunicó su decisión a la presidenta del legislativo departamental, Verónica Robaina, solicitando que se ponga a disposición toda la documentación requerida. Además, pidió asegurar los recursos materiales necesarios y habilitar un espacio reservado especialmente para el trabajo de las auditoras.
Para esta tarea se designó un equipo integrado por la contadora Gabriela Martínez y las abogadas Andrea Areoso y Marisa González. La auditoría comenzará la próxima semana y, por el momento, no tiene un plazo establecido para la presentación de conclusiones.
La solicitud del fiscal se enmarca en la investigación iniciada a comienzos de este año, a raíz de publicaciones del periodista Jorge Bonica en el semanario El Bocón y de la denuncia penal presentada posteriormente por la bancada de ediles del Frente Amplio. Ese proceso derivó en la formalización de los ex presidentes de la Junta Departamental Darwin Correa (Herrerismo – Partido Nacional), José Luis Sánchez y Alexander Infante, ambos del sector liderado por Enrique Antía. Los tres permanecen con medidas limitativas impuestas por la jueza Gabriela Azpiroz.
Según estableció Fiscalía, los acusados cometieron los delitos de fraude y falsificación ideológica, al ordenar pagos mediante facturas falsas por obras que nunca se realizaron en el edificio del legislativo, fondos que terminaron en la cuenta bancaria del edil Sánchez. La cifra exacta del perjuicio aún no fue determinada, pero se estima en varios millones de pesos.
El fiscal Vaz adelantó que no aceptará un proceso abreviado y que llevará a los imputados a juicio oral y público, previsto para los primeros meses de 2026.
La auditoría sobre los últimos cinco años también coloca bajo análisis administrativo a los ex presidentes blancos Adolfo Varela y Damián Tort, además de los tres ya formalizados.
Uno de los gastos más relevantes y reiteradamente observados por el Tribunal de Cuentas refiere a las asignaciones de publicidad otorgadas a distintos medios y periodistas, sin un plan publicitario y sin contenidos para difundir. Investigadores sospechan que esos fondos pudieron haber sido utilizados para financiar actividades de campaña electoral. Al menos dos periodistas declararon que el ex presidente Alexander Infante les manifestó en reiteradas ocasiones: “Les doy este dinero, pero va a cuenta de mi campaña”.
No es la única investigación en curso. A mediados de año, un ciudadano sin filiación partidaria presentó una denuncia documentada sobre presuntos pagos encubiertos de sueldos a ediles desde julio de 2015. La Fiscalía solicitó información a la Junta, documentación que inicialmente fue negada por la presidenta Robaina bajo el argumento de que su entrega “violaría el secreto bancario de los ediles”. Ante esto, el fiscal recurrió a la jueza Azpiroz, quien ordenó la entrega inmediata del material requerido.
Dado que este gasto ha sido observado año tras año por el Tribunal de Cuentas, es probable que la auditoría también examine la legalidad y pertinencia de estos pagos.
Carlos Peláez
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