La Cámara de Senadores expresó su respaldo a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, tras la interpelación realizada este jueves por el senador nacionalista Javier García. El llamado a sala giró en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de iniciar el proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama, luego de detectarse presuntas irregularidades en la garantía presentada por la empresa.
La moción presentada por el Frente Amplio —aprobada por toda la bancada oficialista— destacó la solvencia de la ministra en su comparecencia y respaldó las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para proteger los intereses del Estado frente a posibles maniobras fraudulentas en la adjudicación y ejecución del contrato.
Desde la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado impulsaron dos mociones que finalmente no prosperaron. En la primera, consideraron “insatisfactorias y riesgosas para la soberanía” las explicaciones de la ministra. En la segunda, propusieron la creación de una comisión especial de cuatro senadores para integrarse al equipo negociador con Cardama.
Durante el debate, el senador Javier García sostuvo que el Frente Amplio ya había decidido cancelar el contrato antes de asumir el gobierno y denunció presiones políticas para impedir que Cardama obtuviera una garantía en el sistema financiero local. También acusó al Ministerio de realizar tareas de inteligencia en el astillero y cuestionó la filtración de planos del buque militar, señalando que constituye un hecho grave desde el punto de vista de la seguridad.
La ministra Lazo respondió que la garantía aceptada por el gobierno anterior fue “vergonzosa” y defendió la presentación de una denuncia penal. Además, rechazó que exista un propósito político contra las Fuerzas Armadas y aseguró que el gobierno mantiene como prioridad dotar a la Armada Nacional de los medios necesarios para cumplir con la defensa de la soberanía y los recursos del país.
Lazo confirmó que la rescisión del contrato con Cardama aún no está definida y agregó que la empresa informó el 26 de noviembre —sin documentación de respaldo— que los motores de las patrullas oceánicas tendrán una demora de doce meses.
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