El proyecto impulsado por el senador Daniel Caggiani establece la obligación de justificar los gastos de viajes oficiales y declarar las invitaciones financiadas por terceros. La iniciativa continuará su trámite en la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó este martes un proyecto de ley que establece la obligación de rendir cuentas por los viáticos que reciben legisladores, intendentes, ediles, concejales y otros cargos políticos de particular confianza por misiones oficiales.
La iniciativa fue presentada por la bancada del Frente Amplio al comienzo de la actual legislatura y aprobada el 8 de octubre en la Comisión de Hacienda. En el plenario fue informada por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, quien defendió la necesidad de aplicar los mismos criterios de transparencia en todos los niveles del Estado.
«Nosotros queremos que la ley sea pareja para todos», señaló Caggiani en rueda de prensa.
El proyecto establece que quienes reciban viáticos para viajes dentro o fuera del país deberán presentar una declaración jurada de gastos dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso. En ella tendrán que justificar el dinero utilizado y explicar el cumplimiento de las tareas que motivaron la misión oficial.
Si existen gastos que no pueden justificarse o queda dinero sin utilizar, deberá ser devuelto. En caso de incumplimiento, se prevé el descuento de los montos correspondientes del salario o la inhabilitación para participar en futuras misiones oficiales con viáticos.
Otro de los puntos de la iniciativa refiere a los viajes financiados por terceros. Cuando legisladores o jerarcas sean invitados por Estados, organismos internacionales u organizaciones que se hagan cargo de los pasajes y la estadía, también deberán presentar un informe dentro del mismo plazo.
Ese documento deberá incluir la invitación, la identificación de quien la realizó y el detalle de los beneficios recibidos, como pasajes, alojamiento, alimentación y otras prestaciones.
Caggiani consideró que este aspecto es especialmente relevante porque permitirá transparentar no solamente las actividades oficiales, sino también los vínculos y las invitaciones que reciben quienes ejercen responsabilidades públicas.
«Participamos por nuestra investidura. Nos parece importante transparentar no solo lo que hacemos en la Cámara, sino también con quién nos vinculamos y de quién recibimos invitaciones», explicó.
Consultado sobre la posibilidad de que la aplicación de la norma fuera una exhortación para los intendentes, en lugar de una obligación, el senador defendió que el mismo criterio alcance a todas las instituciones.
«Acá no hay un país del interior y otro de Montevideo. No hay clase A y clase B», afirmó.
El legislador recordó que la regulación se basa en una propuesta del período anterior y sostuvo que, si alguna institución considera que no le corresponde cumplirla, podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Caggiani también señaló que la mayoría de los legisladores ya actúa con responsabilidad y que la iniciativa busca transformar en una obligación legal lo que hasta ahora era una práctica basada en criterios éticos.
El proyecto continuará ahora su trámite parlamentario en la Cámara de Diputados.
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