El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se reunió este miércoles con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para brindar cifras sobre la situación de la institución, exponer las medidas que se han desarrollado desde que asumieron las autoridades y manifestar acuerdo con el proyecto remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que fuera solicitado por éste Directorio a fines de 2023.
A fines de 2021 la institución realizó una evaluación de diversas medidas cuya implementación requería Resolución de Directorio o la promoción por parte de la Caja de diferentes cambios legales.
Una de esas resoluciones fue dejar de otorgar beneficios adicionales de salud e incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima de lo que establece el art. 67 de la Constitución.
Por su parte, las autoridades contaron a la Comisión que a fines de 2022 el Directorio aprobó en general el Anteproyecto de Reforma Legal del instituto y dispuso su remisión al Poder Ejecutivo, quien lo envió al Parlamento en setiembre de 2023, pero no obtuvo los votos para su aprobación.
Por su parte, en noviembre de 2023, el Directorio de la CJPPU aprobó la nueva Política de Gestión de Morosidad con el objetivo de disminuir las deudas que los profesionales tenían con la Caja.
Según datos brindados por la institución a la Comisión de Diputados, del total de afiliados (166.948), hay 4.842 morosos (un 2,9%), de los cuales 3.082 tienen deudas hasta 10 años y 1.760 poseen deudas de más de 10 años.
En el caso de los morosos hasta 10 años, el monto de lo adeudado se ubica en $1.202.797.303, mientras que los que tienen deudas de más de 10 años, deben en total $52.078.529.727.
Para mejorar esa situación, se redactó un anteproyecto de ley que fue presentado en el Parlamento y que fue elaborado por la Caja y consensuado por el Ejecutivo.
La propuesta busca contemplar las situaciones de aquellos profesionales universitarios que por diferentes motivos mantienen adeudos por aportes con la CJPPU.
Daniel Alza, presidente del Directorio de la Caja, expresó que este proyecto de ley favorece a la institución y también a los afiliados jóvenes o a aquellos que han tenido algún inconveniente para poder realizar los aportes y se han atrasado.
Entre las propuestas, el anteproyecto establece un régimen de refinanciación con intereses menores a los que hay actualmente por el código tributario.
“Son beneficios en cuanto al poder de refinanciación o al pago contado, es decir, unos intereses menores a los que se puede utilizar por la vigente ley”, sostuvo Alza.
Según contó, a raíz de la ley anterior, que rigió desde el 2021 hasta el 2023, se obtuvieron 1.762 convenios, o en otras palabras, hubo 1.762 afiliados de 166.948 que tenían deudas que se recuperaron y siguieron aportando.
En tanto, Alza informó que aún hay 3.082 afiliados que mantienen deuda y que tienen un atraso de hasta 10 años de antigüedad. “Aspiramos a lograr que entre el 50% y el 60% de ese grupo pueda lograr mejorar su situación, volver a hacer los aportes al instituto que es muy importante y gestarse su jubilación nuevamente”, señaló.
Afirmó, sin embargo, que la regularización de los deudores no es una solución definitiva a la situación económica de la Caja, sino que es una solución para que los afiliados puedan gestar su propia jubilación.
“La recuperación de la Caja viene por otra vía y está en manos del Poder Ejecutivo y del Parlamento buscar la solución”, consideró Alza y dijo que el Directorio ha tomado “todas las medidas posibles” que tenía a su alcance.
En cuanto a la reunión con los diputados de la Comisión, Alza dijo que se les realizó una ronda de preguntas a los integrantes del Directorio y que todas fueron “muy atinadas”.
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