La Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley de lavado de activos enviado por el Poder Ejecutivo, aunque la votación dejó un escenario fragmentado y varios artículos sin las mayorías necesarias. El texto, que modifica más de 30 disposiciones de la Ley N° 19.574 vigente desde 2017, regresa ahora al Senado.
La iniciativa había recibido media sanción en octubre y fue aprobada en general en diciembre. El presidente Yamandú Orsi había solicitado acelerar su tratamiento tras el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre de 2025.
Tope al uso de efectivo
Uno de los puntos más debatidos fue la reducción del límite para transacciones en efectivo. La Ley de Urgente Consideración había elevado el tope a 1.000.000 de Unidades Indexadas (UI). El nuevo proyecto lo fija en 200.000 UI (unos US$ 33.000) y permite, en operaciones mayores, abonar hasta un 5% del valor total en efectivo, con un máximo de 450.000 UI.
La modificación fue aprobada con los votos del Frente Amplio y siete diputados del Partido Colorado, alcanzando 55 adhesiones. Desde el Partido Nacional cuestionaron la decisión por entender que el límite vigente había sido ratificado en el referéndum de 2022.
Fiscalía especializada
Distinta fue la suerte del artículo que proponía eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, creada en 2022. Aunque el Senado había aprobado su eliminación, en Diputados la iniciativa no obtuvo los votos suficientes. Legisladores blancos, cabildantes e independientes votaron en contra, y el Partido Colorado cambió su postura respecto a la Cámara Alta, dejando al oficialismo sin mayoría.
El Ejecutivo argumentaba que la fiscalía no había alcanzado los resultados esperados en relación con su costo operativo.
Votación fragmentada
La sesión estuvo marcada por la fragmentación parlamentaria. Los diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle, votaron en contra de todos los artículos, lo que impidió que prosperaran varios pasajes, tanto en la redacción oficialista como en propuestas sustitutivas de la oposición.
Tampoco se alcanzaron acuerdos para modificar potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ni para extender de cinco a diez años el plazo de conservación de registros de operaciones de alto riesgo.
Nuevos delitos y sujetos obligados
Entre los cambios aprobados, se incorporan como delitos precedentes del lavado los delitos ambientales, el fraude en entidades financieras y determinados ciberdelitos que superen las 100.000 UI.
Además, se amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, incluyendo fiduciarios no financieros, prestadores de servicios administrativos vinculados a negocios financieros en el exterior y activos virtuales, como criptomonedas.
El proyecto volverá ahora al Senado, donde se abrirá una nueva instancia de negociación debido a las diferencias entre ambas cámaras.
la mañana
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