La Asamblea General aprobó este miércoles un proyecto de resolución del Frente Amplio para enviar a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos y a la Fiscalía General de la Nación los antecedentes de la comisión investigadora sobre la compra de las patrulleras oceánicas y la posterior rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
La iniciativa recibió 65 votos del oficialismo entre 128 legisladores presentes, en una sesión de unas seis horas en la que intervinieron representantes de cinco de los seis partidos con representación parlamentaria. Los dos diputados de Cabildo Abierto no participaron del debate ni estuvieron presentes en la votación, lo que permitió al Frente Amplio alcanzar la mayoría simple.
La votación y la ausencia de Cabildo Abierto
Ante los cuestionamientos de la oposición, el presidente de la Asamblea General, Daniel Caggiani, explicó que la votación se rigió por el artículo 86 del reglamento, que toma en cuenta a los legisladores presentes y no al total de integrantes de ambas cámaras.
Cabildo Abierto justificó su ausencia en que su informe no incorporaba información confidencial remitida por el Ministerio de Defensa, porque entendía que no había garantías suficientes para evitar filtraciones. Por ese motivo resolvió no incidir en la votación de los informes presentados por el Frente Amplio, los partidos de la coalición e Identidad Soberana.
El diputado colorado Adrián Juri pidió un cuarto intermedio para intentar que los cabildantes regresaran a sala. “Que vengan a votar, así dan la cara, como todos los que estamos acá”, expresó. La Asamblea rechazó la solicitud.
Qué dispone la resolución
El texto aprobado ordena remitir toda la documentación recibida, recabada y producida por la comisión, en respuesta a un oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Además, establece enviar a la Fiscalía General el informe en mayoría del Frente Amplio, para poner en su conocimiento hechos y actos que, según ese documento, podrían tener apariencia delictiva, a fin de que se determinen eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y particulares. Desde el Frente Amplio se celebró la votación como “un triunfo”.
Frente Amplio: irregularidades en garantías y pagos
El diputado Joaquín Garlo sostuvo que la investigación identificó elementos que justifican la intervención de la Justicia. Según afirmó, la documentación permitió detectar irregularidades en las garantías presentadas por Cardama, entre ellas un acta notarial que calificó de falsificada y documentos vinculados a Eurocommerce, empresa que, según su exposición, no existía. También cuestionó la garantía de reembolso, que describió como un borrador sin eficacia jurídica que habría sido aceptado como válido. Aseguró que esas irregularidades y las deficiencias de control permitieron que la empresa recibiera más de 16 millones de euros.
Sobre los desembolsos de la administración anterior, afirmó que el primer pago, superior a ocho millones de euros, se autorizó antes de que Defensa recibiera la documentación correspondiente. Del segundo, de monto similar, dijo que la documentación no estaba traducida ni apostillada y que se autorizó dos días antes del cambio de gobierno, en marzo de 2025.
Garlo reconoció que la comisión no tiene competencia para determinar responsabilidades penales y defendió que sea la Fiscalía quien investigue. Justificó la rescisión del contrato por parte del actual gobierno y sostuvo que continuar podía comprometer nuevos desembolsos superiores a 53 millones de euros. “No puede ser a cualquier precio, no puede ser hipotecando la credibilidad del Estado uruguayo”, afirmó.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta señaló que el caso revela deficiencias en la evaluación del astillero y en la verificación de las garantías, y que la necesidad de patrulleras no justifica prescindir de controles. Cuestionó que, tras declararse desierta una licitación internacional, se recurriera a una compra directa por 82,27 millones de euros, sin análisis comparativos suficientes que expliquen la elección de Cardama. Mencionó observaciones jurídicas sobre las bases del procedimiento y sostuvo que la empresa no acreditó adecuadamente su experiencia y solvencia. Recordó que el Banco Central había recomendado evaluar su situación financiera mediante un corredor de seguros.
Brenta también cuestionó las prórrogas para presentar garantías y planteó dudas sobre los controles previos al segundo pago, de unos 8,2 millones de euros. Rechazó renegociar con Cardama y sostuvo que los antecedentes sobre las garantías deben ser examinados por la Justicia.
Partido Nacional: respaldo técnico y responsabilidad del gobierno
El diputado Pablo Gianoli sostuvo que la contratación contó con respaldo técnico y jurídico, y que la rescisión fue la principal causa del perjuicio económico para el Estado. Explicó que la compra directa por excepción se hizo al amparo del artículo 33 del TOCAF, tras evaluar ocho propuestas de astilleros, con participación de la Armada y organismos de contralor, y que el Tribunal de Cuentas aprobó el procedimiento sin observaciones.
Gianoli cuestionó a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a dos asesores que, según denunció, habrían actuado sin designación formal ni norma habilitante. Les atribuyó interrogatorios a oficiales, acceso a documentación reservada y reuniones con empresas vinculadas al proyecto. Son señalamientos del legislador, que reclamó determinar las responsabilidades correspondientes. Afirmó además que el gobierno descartó alternativas y que Uruguay quedó sin las patrulleras y expuesto a eventuales costos millonarios por un arbitraje internacional.
Su correligionario Pablo Abdala acusó al gobierno de actuar con “predeterminación” al rescindir el contrato y responsabilizó políticamente a la ministra Lazo por las decisiones adoptadas desde marzo de 2025. Defendió el procedimiento de contratación y recordó que la Junta de Almirantes recomendó la oferta de Cardama por mayoría. Cuestionó el tiempo empleado en los informes jurídicos que respaldaron la rescisión y afirmó que el gobierno debió evaluar alternativas para sustituir las garantías. Dijo que se habían presentado tres opciones en gestiones que, según señaló, incluyeron reuniones en la Torre Ejecutiva. Advirtió sobre las consecuencias de un arbitraje y cuestionó la falta de información sobre la adquisición de nuevas embarcaciones.
El senador y exministro de Defensa Javier García rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que la rescisión respondió a una motivación política dirigida a perjudicar al expresidente Luis Lacalle Pou. Afirmó que los testimonios recogidos por la comisión no demostraron ilegalidades. Sobre el precio, aseguró que la diferencia entre Cardama y la segunda oferta fue de apenas 9%, y que otra propuesta recibida por Defensa era prácticamente igual a la de Cardama por las dos patrulleras.
Negó haber llevado personalmente la propuesta al ministerio y dijo que la recibió y remitió para su análisis el entonces comandante de la Armada. Rechazó que se hubieran reducido arbitrariamente las exigencias técnicas y afirmó que la segunda empresa mejor clasificada también pudo mejorar su oferta. Citó el informe de Bureau Veritas, clasificadora contratada por el actual gobierno, que según indicó consideró satisfactoria la construcción, y sostuvo que Cardama había presentado alternativas para sustituir las garantías. García afirmó que la primera embarcación debía estar pronta hacia fines de 2026, que Uruguay enfrenta demandas y un proceso internacional abierto sin conocer el costo final, y que la rescisión dejó al país sin los buques y sin una alternativa definida.
Identidad Soberana: “bochorno” y reclamo de acceso a documentos
El diputado Gustavo Salle calificó el caso como un “bochorno” y cuestionó tanto la contratación original como las decisiones posteriores. Afirmó que antes de la firma hubo advertencias sobre la capacidad financiera y técnica de la empresa, y mencionó informes de la Armada que, según dijo, reclamaban verificar los antecedentes del constructor y sus riesgos, sin que las observaciones recibieran respuestas escritas.
Sostuvo que la garantía no cumplía todas las condiciones contractuales, cuestionó las prórrogas y los controles previos a los pagos, y señaló que tanto la administración anterior como la actual autorizaron desembolsos. Advirtió que eso podría afectar la posición uruguaya en un eventual arbitraje y reclamó que la Fiscalía acceda a la documentación reservada. Sostuvo que las consecuencias económicas recaerán sobre la ciudadanía: “Paga Juan Pueblo”, concluyó.
diariolaruy
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