Dos personas que adquirieron terrenos en el balneario Punta Negra a personas investigadas por presuntas estafas se presentaron ante la Fiscalía para denunciar posibles irregularidades y solicitar que se analice la documentación de los padrones comprados.
El abogado Sebastián Serrón Bon, representante de los denunciantes, explicó al Informativo Central de RADIO RBC que, tras estudiar la documentación aportada por sus clientes y acceder a la carpeta investigativa del caso, encontraron elementos que, a su entender, ameritan profundizar la investigación.
Según indicó, entre los aspectos que llamaron la atención de la defensa figuran la reiteración de determinadas sociedades, nombres que aparecen en la investigación y operaciones de compra y venta de terrenos que consideran necesario analizar.
Serrón señaló que sus representados comparecieron ante la Fiscalía como eventuales víctimas, con el objetivo de que se examinen los títulos de propiedad, los poderes utilizados y las operaciones de compraventa.
Consultado sobre la posibilidad de que existan documentos presuntamente falsos, el abogado sostuvo que algunos elementos presentan similitudes con las maniobras que ya son objeto de investigación. No obstante, aclaró que corresponde a la Fiscalía determinar si los hechos configuran algún delito.
Entre las posibles figuras penales que mencionó se encuentran la estafa, la asociación para delinquir y la falsificación de documento público, aunque remarcó que se trata de hipótesis que deben ser investigadas y confirmadas o descartadas por la Justicia.
El abogado también recordó que el caso tuvo como antecedente una denuncia presentada por la Intendencia de Maldonado en 2019 y que posteriormente otros poseedores de terrenos de Punta Negra denunciaron presuntas irregularidades.
En relación con la causa, ya fueron imputadas varias personas y dos de ellas fueron condenadas por su participación en maniobras vinculadas a la adquisición y posterior venta de terrenos mediante el uso de poderes apócrifos. Otras dos personas fueron imputadas y quedaron sujetas a medidas cautelares.
Los nuevos denunciantes buscan que se profundice el análisis de la documentación y se esclarezcan las posibles irregularidades vinculadas a los terrenos que adquirieron.
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