El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) expresó su “honda preocupación” ante la crítica situación informada por las autoridades de la Caja de Profesionales.
En este contexto, instó a las autoridades nacionales, tanto actuales como futuras, a “abocarse de forma urgente a encontrar mecanismos para asegurar que la CJPPU mantenga la sustentabilidad sin afectar los derechos adquiridos ni los derechos en vías de adquisición de sus afiliados”.
Cristina Freire, presidenta del CCEAU, aseguró que el Colegio se ha comprometido a colaborar en la búsqueda de soluciones justas y equitativas para esta problemática.
Asimismo, recordó que el artículo 67 de la Constitución garantiza el derecho de todos los trabajadores, patrones, empleados y obreros a percibir jubilaciones y seguros sociales, previendo expresamente —cuando sea necesario— la asistencia financiera del Estado.
“Es decir, no pueden caber dudas de que el Poder Ejecutivo deberá asistir a una caja paraestatal para que esta pueda cumplir con sus cometidos y no podrá haber un cese en el pago de jubilaciones y pensiones, ni en la tutela de los derechos de los actuales y futuros jubilados”, consideró Freire.
La presidenta del CCEAU también señaló que, durante la dictadura, la CJPPU fue obligada a transferir una cifra significativa de fondos al Banco de Previsión Social (BPS), sin que estos hayan sido devueltos, a diferencia de lo ocurrido con otras cajas.
“Además, desde la creación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en 2008, los profesionales universitarios han visto detraídas de sus jubilaciones y pensiones centenares de millones de dólares que han sido y continúan siendo vertidos al BPS, contribuyendo así al financiamiento de las prestaciones servidas por este”, explicó la presidenta del CCEAU y sostuvo que pese a ello, y a diferencia de otras cajas paraestatales, “la CJPPU nunca ha recibido hasta el momento asistencia alguna por parte del Estado”.
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