Desde la Confederación aseguran que el Gobierno “profundiza la rebaja salarial a costo de la salud de los trabajadores” y expresaron que la firma del decreto fue unilateral por parte de la autoridades, lo que consideraron “violatorio de las normas legales vigentes” en Uruguay ya que, entre otras cosas, “no hubo ninguna convocatoria a una negociación colectiva”.
la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se refirió al decreto reglamentario que firmó el Gobierno el pasado 21 de julio de este año referente a las licencias médicas en el sector público y adelantó que se presentará un recurso administrativo y de inconstitucionalidad.
Según aseguraron desde COFE, la firma de ese decreto se dio “en forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva” y establece el descuento del 25% del salario en el caso de que las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año.
“La Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes”, expresó el Consejo Directivo de COFE.
Aseguraron que este decreto rebaja el salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad y criticaron el hecho de que no haya pasado “por ninguna instancia de negociación colectiva”.
“Ni siquiera existió una reunión de comunicación previa en los ámbitos establecidos por disposición legal. La arremetida del Gobierno no respeta leyes siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores”, opinaron.
Para COFE, el objetivo del Gobierno es “recaudar, ajustar a costa de la salud de los trabajadores, cuando el trabajador y su familia se encuentran con mayor fragilidad”, algo que según dicen “da cuenta de la postura de la coalición de Gobierno”.
“A los efectos de profundizar el recorte, al Poder Ejecutivo no le basta solo con el descuento salarial, sino que también el decreto establece que, si el monto del subsidio por enfermedad supera los $67.042, se aplicará el IRPF, recaudando también por la vía de ese impuesto”, explicó la Confederación.
Aseguraron que es “insólito” lo dispuesto en el artículo 24 del decreto mencionado: “Si bien en los artículos 19 a 22 se establecen algunas situaciones de excepción al descuento, que estaban recogidas en la Ley, dado que no se dispone con claridad cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento, la norma prevé descontar como principio primario. En todo caso, el funcionario será quien deberá probar luego, por la vía de una petición administrativa, si el descuento se aplica o no”, indicó COFE.
Reclamaron el hecho de que en caso de enfermedades complejas, como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”.
“Qué fácil resulta para este Gobierno legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores. El fundamento para aplicar los descuentos es puramente recaudatorio, bajar el gasto a costa de la salud de los trabajadores, sin ninguna instancia de negociación colectiva, ni análisis ni valoración por parte del Poder Ejecutivo de otras alternativas, previas a aplicar la rebaja del salario”, afirmaron.
Y añadieron: “Diversos actores del Gobierno señalan situaciones de eventuales abusos en el uso de licencias médicas. Sin embargo, considerando los datos publicados por el Servicio Civil, para los trabajadores de la Administración Central, sin considerar el Ministerio del Interior, en 2022, el promedio de días de certificaciones médicas sobre el total de días trabajados fue de un 3%. Esto significa que el 97% del total de jornadas del año no correspondieron a certificación médica sino a días normales de trabajo o correspondiente a licencia reglamentaria”, explicó COFE.
Indicaron que, considerando los días promedio de certificaciones médicas por cada trabajador que se certifica, esas cifras del sector público son similares a las del sector privado.
“El decreto unilateral del Gobierno es violatorio de normas legales vigentes en nuestro país, por lo que COFE procederá a presentar un recurso administrativo contra el mismo”, anunciaron.
“El régimen dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la Ley 20.075 es manifiestamente inconstitucional, de acuerdo a informe elaborado por el Dr. Daniel Ochs, por lo que se procederá también al recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, siendo violatorio de la justa remuneración, el principio de igualdad, la negociación colectiva así como el principio de proporcionalidad”, indicó el Consejo Directivo de COFE.
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