El diputado nacionalista por Maldonado, Dr. Federico Casaretto, participó del programa Radio con Todos de RBC, donde se refirió al atentado perpetrado en la madrugada del 28 de septiembre de 2025 contra la vivienda de la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
“Es una tremenda preocupación, porque es algo que Uruguay no vivía hace varias décadas. Un ataque a esta figura no afecta solo a la persona y su familia, que ya es gravísimo, sino a la institución. El narcotráfico, las bandas y el terrorismo vinculado al tráfico de drogas actúan para amedrentar y enviar señales, en este caso a los gobiernos. Esto es una lucha entre los honestos y los delincuentes, entre el Estado y estas bandas que asolan muchos países, de los cuales Uruguay no escapa”, señaló Casaretto.
El legislador destacó el compromiso de la clase política: “No es momento de sacar réditos partidarios. Hubo una condena prácticamente unánime al acto y un respaldo a la fiscal, que ha ratificado que continuará cumpliendo su función. Esto se reflejó en una declaración del Senado y en la postura de los diputados, apoyando la gestión del Ministerio Público y Fiscal, especialmente respecto al presupuesto y los recursos necesarios para su labor”.
Sobre la relación del atentado con el narcotráfico, Casaretto dijo: “Aunque aún no se ha confirmado el grupo responsable, el modus operandi indica que es una señal frente a quien ejerce la Fiscalía, combatiendo el tráfico de drogas y realizando incautaciones. El Estado debe tener una sola postura: aplicar todo el peso de la ley para dar con los responsables”.
Casaretto también criticó la falta de un plan estratégico de seguridad por parte del gobierno actual: “Durante la campaña electoral se cuestionaron los índices de delincuencia, pero no se presentó un plan claro. Hasta ahora se aplican medidas del gobierno anterior. Esta demora implica pérdida de tiempo para producir proyectos de ley y enfrentar el aumento de la violencia”.
El diputado hizo hincapié en la importancia de la acción policial y el cumplimiento de la ley: “Se necesita que los delincuentes paguen por sus actos, no solo discursos sobre humanización carcelaria. La superpoblación y la falta de rehabilitación efectiva generan inseguridad en la población. La policía cumple su función legal y constitucional de proteger a los ciudadanos y reprimir a quienes se apartan de la ley, y debe ser respaldada en ese rol”.
Finalmente, Casaretto expresó su preocupación por la escalada de violencia: “Estamos viendo cifras de asesinatos preocupantes, tanto en el interior como en la capital. No se trata de un gobierno en particular, sino de una escalada que viene de mucho tiempo y requiere medidas firmes y efectivas”.