La calidad de las instituciones públicas y de la democracia uruguaya, así como los bajos riesgos macroeconómicos, fueron los principales motivos para la ratificación del grado inversor de la deuda uruguaya por la calificadora de riesgo DBRS. “Se espera que la actividad económica se acelere en 2020 y 2021 gracias a una gran inversión en el sector de pulpa y papel, así como un mayor gasto en proyectos de infraestructura”, añade.
“El entorno político se caracteriza por instituciones públicas de alta calidad, bajos niveles de corrupción y previsible política macroeconómica, todo lo cual constituye una fuente importante de fortaleza crediticia”, asegura el documento, que complementa el análisis con un destaque a “las amplias reservas de divisas, la gestión conservadora de la deuda pública y la buena regulación del sistema bancario”, que “también refuerzan las defensas de la economía frente a las conmociones externas”.
Sin perder de vista la cuestión fiscal, el análisis de DBRS insiste en la gestión de la deuda pública y la cantidad de reservas como dos aspectos positivos ante posibles riesgos provenientes del exterior.
Sobre el primer punto, indica que “Las liquidaciones en poder del gobierno central ascendieron a 1.300 millones de dólares en septiembre de 2019. Esto se complementa con otros 2.200 millones de dólares en líneas de crédito contingente de organizaciones multilaterales. En conjunto, los recursos disponibles superan los $ 3.3 mil millones en necesidades de servicio de la deuda para 2020”. En cuanto al segundo, recalca que el vencimiento promedio de la deuda de 14 años.
Por otra parte, sostiene que “la flexibilidad del tipo de cambio ha ayudado a la economía a adaptarse a las condiciones mundiales en evolución sin generar un estrés excesivo en los balances del sector privado”.
