El peritaje estuvo en manos de la Policía Federal y de la PSA aunque el Ministerio Público Fiscal tiene una oficina para hacerlo llamada DATIP. ¿Por qué no trabajó? ¿Qué dice la exministra Frederic sobre un sistema para bloquear chances de borrado remoto?
La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo estuvieron dedicados buena parte del domingo a entender qué pasó con el teléfono del hombre que quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner después de que Página/12 revelara que el aparato había llegado formateado —como si hubiera salido de fábrica— a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde se debían extraer los datos que permitieran entender con quién se comunicó antes del intento de homicidio y cuáles eran las redes en las que se movían.
Pese a las críticas que lanzaron distintos referentes del oficialismo —apuntando que se puede perder prueba clave para desentrañar si Fernando Sabag Montiel es parte de una trama más amplia—, en Comodoro Py se muestran confiados en que hay posibilidad de recuperar la información.
El teléfono de Sabag Montiel es una prueba importante, pero lejos está de ser la única en una causa en la que estuvieron identificados desde un primer momento el atacante y el arma. El celular es fundamental porque puede abrir una puerta hacia el mundo de ese hombre de 35 años: cuáles eran sus vinculaciones o si tenía nexos con grupos políticos decididos a atacar a la vicepresidenta hasta intentar matarla.
El viernes, el juzgado de Capuchetti convocó a la Policía Federal Argentina (PFA) para intentar hacer la extracción de información a través de un programa israelí llamado UFED. La extracción falló porque el teléfono estaba bloqueado y no se contaba con la clave de Sabag Montiel, quien tampoco accedió a brindarla cuando fueron a indagarlo en la sede de la PFA de la calle Cavia donde está detenido. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informó al juzgado que tenía una versión más moderna que la que contaba la PFA, lo que podría ayudar a saltar el bloqueo. El teléfono llegó a manos de la fuerza que dirige José Glinski a través de la custodia de la jueza Capuchetti y en un sobre abierto, lo que generó algún tipo de alarma. Cuando se avanzó con el peritaje, apareció un aviso diciendo que el teléfono estaba reseteado a estado de fábrica. Es decir, como nuevo.
En lo que fue un domingo atípico para Comodoro Py, en el juzgado de Capuchetti les tomaron declaración tanto a los peritos de la PFA que inicialmente habían querido extraer los datos y a los de la PSA que recibieron el aparato reseteado. Los investigadores escucharon con interés el testimonio que dio Camila Serén, una técnica de la PSA que peritó el teléfono. La especialista dijo básicamente que el código de error que se generó en el desbloqueo no pudo haber sido por un error manual –como si alguien estuviera manipulando el teléfono– sino que tiene que darse cuando se conecta el celular a la computadora para pasar el programa UFED.
La otra pregunta pasa por qué el teléfono se reseteó a cero. Las explicaciones pueden agruparse en dos conjuntos: se cometió un error al momento de la extracción –es decir, en el momento inicial del uso del programa– o puede existir un borrado remoto si está configurado. En el caso de un borrado remoto podría hacerse a través de una cuenta Google asociada al teléfono o si, por ejemplo, Sabag Montiel hubiera configurado que el teléfono se formatea después de tantos intentos fallidos de insertar la clave de acceso –lo que no parecería ser el caso–. Es claro que Sabag Montiel no pudo hacerlo él a través de Google porque estaba detenido. La pregunta es si alguien más lo hizo.
La empresa que comercializa el UFED está revisando qué falló, comentaron fuentes judiciales. Las mismas fuentes son optimistas en que finalmente se podrá acceder a esa información. De las memorias del celular lograron extraer datos que se están analizando.
Ni el juzgado ni la fiscalía creen que sea responsabilidad de la PFA lo que sucedió y, según pudo reconstruir Página/12, tampoco fue el tenor en el que declararon los peritos de la PSA. Sin embargo, hay quienes se preguntan si la fuerza debió intervenir en la extracción del teléfono cuando Capuchetti y Rívolo indagan si la custodia –integrada por miembros de la PFA– fue negligente al momento del ataque a la vicepresidenta en la puerta de su departamento de Juncal y Uruguay.
“La pericia del teléfono, según indican los especialistas en este tipo de análisis, debe realizarse con un cuidado inicial: inmediatamente que se tiene contacto con el teléfono se debe apagar primero y después introducir en una bolsa que se llama faraday, que impide que de forma remota se borre el contenido del teléfono. Si eso no se hizo puede pasar lo que ocurrió”, advierte la exministra de Seguridad Sabina Frederic.
Consultada por Página/12 acerca de si la PFA debe ser parte de la investigación, Frederic sugirió que no. “Yo recomiendo que no. La PFA ha sido parte de las circunstancias. Sé que hay un sumario que se inició. Está claro que el escenario no estaba previsto y que hay una serie de cuestiones que no ocurrieron”, explica Frederic.
La otra pregunta es por qué no se recurrió a la oficina que tiene el Ministerio Público Fiscal para estos casos, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) –creada por Alejandra Gils Carbó cuando se avanzaba en la implementación de un código procesal que pondría a los fiscales a encabezar las investigaciones judiciales y a los jueces a controlar que no se violen las garantías–. Rívolo, en general, le da intervención a la DATIP para realizar análisis, pero no extracciones. Según fuentes de la Procuración, la versión del UFED con el que cuenta DATIP es menos sofisticada que la de las fuerzas de seguridad que intervinieron, lo que también –dicen– pudo haber influido en la decisión.
El formateo del celular cayó como un balde de agua fría para el círculo más cercano a CFK. Su abogado Gregorio Dalbón advirtió que “todos los que lo tocaron tendrán sus consecuencias”. Se espera que la vicepresidenta se presente en la causa, algo que por el momento no se formalizó.
En la misma línea que Dalbón se pronunció el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. “El procedimiento falló porque quisieron que fallara. La jueza y el fiscal están decididos a garantizar la impunidad del hecho, el encubrimiento de los autores intelectuales o de todos los que están relacionados. No se puede entender cómo en un caso de semejante magnitud no hayan guardado mínimos recaudos. Mostraron una desidia absoluta independientemente de la responsabilidad que puedan tener las fuerzas de seguridad o quienes intervinieron“, se quejó Tailhade.
Página/12
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