El presidente del organismo, Pablo Caggiani, dijo que la sentencia se ve con “mucha preocupación”. El Codicen resolvió por unanimidad solicitar una reunión con el Ministerio de Educación y Cultura.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó esta semana un recurso de casación de la ANEP y dejó firme la decisión de una comunidad menonita de Florida de educar a sus hijos sin enviarlos a un centro habilitado por el Estado. Según informó El País, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, calificó la situación como un “problema importante”.
La postura de la ANEP
Caggiani sostuvo que los fallos judiciales se respetan, pero que el organismo ve una lesión del derecho a la educación de niños y adolescentes. Señaló además que Uruguay tiene el desafío de mejorar la asistencia a clases y que la sentencia va en sentido contrario.
Sobre el impacto que podría tener, dijo intuir que habrá consecuencias en las acciones de las familias y en el debate público, aunque consideró que es muy pronto para evaluarlas.
El martes, el Codicen resolvió por unanimidad pedir una reunión al MEC para analizar cambios en el marco legal. La idea es que el Poder Ejecutivo impulse una iniciativa que dé una solución legal al tema.
El cambio de la LUC
Caggiani explicó que el fallo fue posible por una modificación introducida por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que eliminó la obligación de inscribir a niños y adolescentes en una institución educativa, pública o privada. Es un debate que viene desde 2020, cuando se discutió la Ley 19.889.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, planteó el martes en rueda de prensa que debería derogarse el artículo 127 de la LUC. Esa norma modificó el artículo 7 de la Ley de Educación (18.437) y quitó la obligatoriedad de que los padres envíen a sus hijos a la escuela. Para Mahía, el desarrollo de una persona debe darse en un contexto educativo común, ya sea público o privado.
Advertencias de los consejeros docentes
El consejero electo por los docentes Julián Mazzoni dijo a El País que había advertido a las autoridades de la ANEP que la nueva redacción del artículo 7 abría la puerta a fallos como este. Sostuvo que, si cada familia educa según sus ideas, la sociedad tiende a fragmentarse.
La consejera Daysi Iglesias opinó que debió primar la asistencia a una institución habilitada o autorizada. Aclaró que todavía analiza los argumentos de la sentencia.
Qué resolvió la Corte
El caso involucra a los padres de dos niñas que asisten a un centro de la comunidad menonita y reciben educación a distancia de un colegio de Estados Unidos. Ya habían obtenido dos fallos favorables, en primera instancia y en un tribunal de apelaciones.
La mayoría de la SCJ, integrada por John Pérez Brignani, Doris Morales y María del Carmen Díaz, sostuvo que el artículo 68 de la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y reconoce el derecho de los padres a decidir qué educación reciben sus hijos, incluida la modalidad a distancia. Según el fallo, el Estado solo puede limitar ese derecho si se vulneran los derechos del niño, algo que en este caso no se alegó ni se probó.
Los ministros Bernadette Minvielle Sánchez y Jorge Posada Xavier votaron en discordia. Para la minoría, la obligatoriedad de la educación implica escolarizarse en centros públicos o privados habilitados o autorizados por la ANEP. Agregaron que eliminar la referencia a la inscripción en un centro no equivale a derogar esa obligación.
Qué viene
La ANEP espera la resolución de otros dos recursos de casación presentados ante la SCJ por casos de padres que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. Los fallos de la Corte no obligan a otros jueces a resolver igual, pero el caso de los menonitas de Florida sienta un precedente.
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