El 4 de mayo de 2024, en horas de la noche, el servicio de emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando sobre un conflicto familiar en una vivienda ubicada en la calle Agapito Parabera, en el barrio Maldonado Nuevo.
Al lugar acudió personal de la Guardia Republicana, que entrevistó a la víctima, una mujer que manifestó haber sido agredida por su pareja. Presentaba raspones y un golpe en el pómulo, por lo que fue derivada a un centro de salud para ser asistida.
Posteriormente, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Maldonado. Tras ser enterado del caso, el juez competente impuso al agresor medidas cautelares de prohibición de acercamiento, con monitoreo electrónico, por un plazo de 180 días.
El 19 de marzo de 2025, en horas de la mañana, otro llamado al 9-1-1 alertó sobre un hombre que se encontraba agrediendo verbalmente a su expareja en una vivienda de la calle Central, en el asentamiento Los Eucaliptos. Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO II) y de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM II) acudió al lugar.
La víctima expresó que, aunque no presentaba lesiones físicas, había sido amenazada y agredida verbalmente. El Juzgado Letrado de San Carlos de 4.° turno ordenó nuevamente la prohibición de acercamiento y comunicación, con monitoreo electrónico, por 180 días.
A partir del mes de junio, el Dispositivo de Monitoreo Electrónico (DIMOE) registró reiteradas violaciones a la zona de exclusión por parte del agresor. En todas las ocasiones fue intervenido por la policía y notificado de su incumplimiento.
Finalmente, en la madrugada del 9 de julio, el agresor se alejó del dispositivo rastreador. El equipo de URPM de Zona Operacional II localizó el rastreador abandonado en las calles Zoilo Saldombide y Francisco Martínez. Momentos después, el hombre fue detenido y trasladado a la Seccional Primera.
Enterada la Fiscalía Letrada de 1.° turno de San Carlos, especializada en Violencia Doméstica y de Género, se dispuso una serie de actuaciones y la conducción del detenido a su sede.
El 10 de julio, el Juzgado Letrado de 4.° turno de San Carlos, especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, condenó al hombre, de 36 años, como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravada en concurso formal con un delito de lesiones personales. Se le impuso una pena de nueve meses de prisión efectiva y el pago de una reparación patrimonial a favor de la víctima equivalente a doce salarios mínimos. La sentencia no afecta el derecho de la víctima a reclamar una reparación integral por vía judicial.
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