En la madrugada del 3 de julio, policías de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (U.R.P.M.) de la Zona Operacional II concurrieron a una vivienda ubicada en la calle Caracara, en el barrio Maldonado Nuevo. En el lugar constataron que una mujer de iniciales S.M.B.F., quien se encontraba bajo control mediante monitoreo electrónico, había abandonado el dispositivo de rastreo. No era la primera vez que cometía esta acción.
El dispositivo fue recuperado, pero la mujer no se encontraba en el lugar. Se dio cuenta a la jueza de familia de turno, quien dispuso su detención una vez que fuera ubicada. También se notificó a la fiscal letrada de 2.º turno, especializada en violencia de género, doméstica y sexual, quien ordenó otras diligencias en concordancia con lo dispuesto por la jueza.
Próximo a las 20:00 horas de ese mismo día, S.M.B.F. fue localizada y detenida por efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) que se encontraban realizando un operativo anti-rapiñas en Maldonado Nuevo. Fue derivada a la Comisaría Especializada en Violencia de Género (C.E.V.D.G.) de Maldonado, desde donde se volvió a informar a la Justicia. Luego de realizarse una serie de diligencias, fue liberada por disposición judicial, a la espera de completar pericias pendientes para definir su situación.
El 16 de julio, en cumplimiento de un nuevo mandato judicial, fue detenida nuevamente por personal de U.R.P.M. II en la misma calle Caracara y derivada a la C.E.V.D.G.
El 17 de julio se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de 1.º Turno de San Carlos, especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual. Finalizada la audiencia, se dispuso la condena de S.M.B.F. como autora penalmente responsable de reiterados delitos de desacato agravado en reiteración real con reiterados delitos de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos, a la pena de doce (12) meses de prisión, que se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba, sujeta a las siguientes condiciones:
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Presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.
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Prestar servicios comunitarios durante dos horas semanales, por diez (10) meses, en una ONG de la ciudad de Pan de Azúcar.
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Prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima en un radio de 500 metros.
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Arresto domiciliario total en el domicilio fijado, con utilización obligatoria de dispositivo de monitoreo unilateral.
