El intendente de Maldonado, Enrique Antía, explicó los alcances del plan de seguridad en el que invirtió el gobierno departamental y la extensión de éste con 400 cámaras más, además de la participación del sector privado.
En reunión mantenida con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, el jefe comunal les brindó detalles de lo que denomina la mayor obra pública por más de 22 millones de dólares y señaló que el Ministerio del Interior ampliará a Rocha y Canelones la vigilancia, utilizando el mismo servidor y respaldo que tiene Maldonado.
Relató que el acuerdo con el gobierno de Israel, a través del gobierno nacional, fue clave para encarar la implementación del proyecto junto a los ministerios de Defensa e Interior.
Les explicó que a partir del año 2025 la Intendencia quedará con el control del centro de videovigilancia, el cual demanda 1.300.000 dólares por año entre salarios y gastos de funcionamiento y pasará a la órbita del Ministerio del Interior.
La delegación visitó Maldonado durante este miércoles 1° de febrero y recorrió el centro de videovigilancia. Los integrantes también se mostraron muy interesados por “Integra” -el Plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones-. Se mostraron muy interesados en colaborar en esa dirección.
Su coordinador, Darío Pérez, sostuvo que el tema adicciones no puede entenderse sin comprender el tema narcotráfico que ha tenido un crecimiento importante; indicó que en Uruguay, el Estado está ausente desde 2002 cuando empezó a ingresar la pasta base, por lo que “ha corrido de atrás”, afirmó. Asimismo, señaló que el Estado tiene entre 100 y 120 camas cuando en realidad se requieren más de mil. “No hay lugares para tratamientos. En Maldonado no hay dónde ingresar a pacientes críticos que deberían estar 15 días limpios y sin antecedentes”, lo cual consideró grave.
A esto añadió que actualmente “hay de 250 a 300 adictos, y otros en recuperación, que están en organizaciones como Beraca o Remar”. Se mostró preocupado por los jóvenes en los barrios más pobres porque no tienen cómo afrontar tratamientos que van hasta los 2000 dólares mensuales.
Ante la delegación informó que el 95 % de la población reclusa en Las Rosas tiene problemas de adicciones, lo que transforma a esos centros en “fábricas de criminales”. Pérez aseveró que “si la situación continúa así, el futuro no es bueno”. En referencia al consumo, sostuvo que el 60 % es adicción al alcohol y en los más jóvenes.
Karl Ríos, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, se mostró de acuerdo con Pérez y la necesidad de actuar. En ese sentido, quedaron en contacto a efectos de poder avanzar en intercambios de experiencias a través de distintos programas que tiene la Embajada e “Integra”. Mediante los denominados centros de crisis, el objetivo es trabajar en forma conjunta.
El intendente reivindicó la creación del Plan piloto que mostrará el rol de los gobiernos departamentales en territorio y destacó el compromiso de Pérez y su equipo. Afirmó que los resultados permitirán, no con discursos sino con hechos, llevar el tema a nivel país más adelante. Exhortó al intercambio de experiencias, al tiempo que adelantó que la IDM ya dispuso una inversión en ese sentido: “Lo poco que hagamos ya es muy importante”, señaló Antía.
El director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia, Miguel Plada, planteó que en Maldonado “hay gente que logró dejar refugios y pasar al circulo laboral”, y esto “demuestra que se puede”. En lo referente a las adicciones, insistió en la necesidad de aumentar el número de camas en centro de El Jagüel, además de crear el Centro de Desintoxicación en Aiguá, para lo cual se necesitan recursos. El jerarca puntualizó que el departamento quiere actuar y demostrar que Maldonado se preocupa y se ocupa del tema.
La delegación estuvo integrada por: Karl Ríos -encargado de Negocios-; Eric Geelan -de la Oficina Política y Económica-; Sheree Marambio -oficial de Seguridad Regional y Asistente de la Oficina de Seguridad Regional-; Marcelo Paglia -de la Sección Económica-, y Agustina Gari -de la Sección Política de la Embajada-.
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