POLÍTICA

Espacio 738 denuncia que la intendencia entregó “tierras públicas de valor millonario” a privados

En un comunicado emitido en la noche de este miércoles, el sector Alianza Progresista del Frente Amplio denuncia que “el gobierno de Antía nuevamente entrega tierras públicas de valor millonario, en la costa del Balneario Buenos Aires a un grupo de particulares”.

El Comunicado dice lo siguiente:

Por 18 votos en 22 ediles presentes en la Junta Departamental de Maldonado se aprobó el Decreto N.º 4003 por el cual se autoriza una transacción promovida por el Intendente Antía, entre un grupo de empresarios particulares y la Intendencia de Maldonado, y por la cual el gobierno departamental entrega un lote de tierras de valor varias veces millonario ubicadas en la costa al sur de la Ruta 10, frente al Balneario Buenos Aires, que siempre han sido consideradas zona de dominio público.

Todos los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado validaron esta transacción con la oposición de los ediles del Frente Amplio que explicitaron su posición en el informe en minoría presentado por el edil Joaquín Garlo, de la Comisión de Legislación.

En el informe en minoría se señala el abandono que el gobierno de Antía ha realizado de la tradicional y fundamentada postura jurídica de defensa del carácter público de la tierras que ahora se entregan, defensa que se realizó entre 2008 y 2016, en actuaciones administrativas y jurídicas llevadas a cabo por destacados profesionales de carrera, y que motivaron fallos favorables en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Como en el caso anterior de Edén Rock -posteriormente anulado por el Parlamento-, se repite la realización de acuerdos con los particulares y la paralización y posterior abandono de las instancias judiciales aún inconclusas, con entrega de tierras de valor millonario -un kilómetro en primera fila frente al mar y en un lugar que con sólidos fundamentos se considera público-, se repite la falta de confianza en los procedimientos judiciales que estaban en curso, y se repite el perjuicio a otros particulares -en especial a los habitantes del Balneario directamente perjudicados-, y a toda la población que accede a la playa por esos lugares.

En el informe en minoría se menciona el hecho de que “la Fiscal Letrado Departamental de 4° Turno -a quien la Intendencia había remitido las actuaciones por Oficio Nº 2217/2018 en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 35 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales Nº 9.515, a fin de recabar su dictamen preceptivo respecto del acuerdo transaccional-, devolvió las mismas estableciendo que a su juicio “corresponde estar a lo dispuesto en los arts. 28 y ss. del CGP, así como lo dispuesto por la Instrucción General Nº 1 de la Fiscalía General de la Nación”, entendiendo que no le corresponde emitir opinión sobre el fondo del asunto”, contradiciendo los establecido por la ley 9.515.

También se analizan los fundamentos jurídicos que establecieron los profesionales de la Intendencia -cuando defendieron el carácter público de estas tierras-, y la falta de mérito de las razones esgrimidas por los particulares para reclamarlas, fundamentos que se explicitan en el documento adjunto.

En el último de los Considerandos, el informe en minoría del Frente Amplio establece:
“el actual Gobierno del Partido Nacional ha abandonado infundadamente la honrosa tradición de notorios militantes del Partido como la Dra. Bethel RODRÍGUEZ, acérrima defensora de los intereses comunes y de la franja costera nacional. Se desconoce así mismo la honrosa actitud profesional de otros distinguidos abogados de la Intendencia de Maldonado que han intervenido en este caso empeñado todo su celo, anteponiendo la defensa de los intereses públicos a la angurria desaforada de algunos particulares. Estas actuaciones ejemplares se destacan ante las irresponsables actuaciones del Intendente ANTÍA en la actualidad. Podrán existir mayorías, mayorías sin argumentos, pero se estará aprobando una transacción de dudosa legalidad y con tantos argumentos en contra de la misma y en defensa de la continuación de los trámites judiciales, que será impugnada administrativa y judicialmente, tanto por parte de los muchísimos vecinos perjudicados como por las autoridades que verdaderamente velan por la defensa de los intereses públicos y del Estado.

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