Nueve funcionarios policiales de las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones fueron detenidos este lunes en el marco de la investigación denominada “Caranchos”.
El procedimiento fue realizado por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, con apoyo de otras unidades policiales, en coordinación con la Fiscalía de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
La investigación apunta a una presunta red integrada por policías, abogados, gestores y personal de salud, que habría accedido de manera irregular a información confidencial de víctimas de accidentes de tránsito para ofrecerles representación legal a cambio de una comisión.
Según la hipótesis fiscal, funcionarios policiales utilizaban de forma indebida el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para obtener partes de siniestros, actas de espirometría y fotografías de personas lesionadas. Esa información posteriormente era comercializada.
La causa también investiga pagos a funcionarios por la entrega de esos datos. Según la investigación, las sumas iban desde 3.000 pesos hasta 2.000 dólares en casos con fallecidos, mientras que en determinadas situaciones podían alcanzar el 30% de lo obtenido por los abogados en cada caso.
El mecanismo investigado se habría basado en el desconocimiento de muchas víctimas sobre la cobertura del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), que contempla indemnizaciones por lesiones o fallecimientos de terceros hasta un tope de 250.000 Unidades Indexadas por vehículo asegurado, independientemente de quién haya tenido responsabilidad en el siniestro.
La investigación alcanzó a unas 70 personas, aunque otras fuentes sitúan la cifra en alrededor de 60 entre funcionarios públicos, abogados y gestores. De un total de 69 indagados, la Fiscalía identificó a 58 que permanecen bajo análisis judicial.
Hasta el momento, la causa registra diez condenas firmes, mientras otras dos personas continúan formalizadas y bajo investigación.
Uno de los ejemplos incorporados a la investigación corresponde al circuito encabezado por el abogado condenado Gustavo Bentos. Entre mayo de 2025 y agosto de 2026 se registraron 110 transferencias por un total de 790.500 pesos hacia la red de informantes vinculada al policía Robby Rodríguez, también condenado en la causa.
La investigación también estableció que parte de la red utilizaba para presentarse ante las víctimas una entidad inexistente denominada “Asociación de Abogados y Escribanos del Uruguay”.
Tras conocerse el avance de la causa, el Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado en el que calificó las prácticas investigadas como “incompatibles e inaceptables”.
El organismo sostuvo que el ejercicio de la profesión exige probidad, lealtad, independencia y compromiso con quienes consultan, además del respeto al marco jurídico vigente. También señaló que el debate ético sobre la conducta de los profesionales es independiente del alcance de la Justicia penal y afirmó que “la ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma”.
LaRed21 / foto: captura
Leave a comment
