En una sesión maratónica, la Cámara de Representantes llevó adelante la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, centrada en la situación laboral del presidente de ASSE, Álvaro Danza. La instancia finalizó sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas obtuviera los votos necesarios, lo que permitió al gobierno superar el desafío parlamentario y ratificar la continuidad del jerarca al frente del principal prestador público de salud.
La bancada oficialista respaldó de forma unánime tanto la gestión de la ministra como la permanencia de Danza. Durante su intervención, Lustemberg justificó su apoyo con informes jurídicos y con la trayectoria del funcionario. “Con mucha responsabilidad, el doctor Danza decidió dejar sus funciones de médico consultante, aunque nunca interfirieron en su rol como presidente de ASSE. No existe incompatibilidad, y eso fue reafirmado por el informe de la Jutep con total transparencia”, sostuvo la ministra.
La oposición —Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente— mantuvo una postura crítica y presentó una moción conjunta exigiendo la renuncia de Danza. Argumentaron que existieron violaciones a la Constitución y a normativas específicas, y consideraron insuficientes las explicaciones brindadas durante la interpelación.
El diputado interpelante Gerardo Sotelo (Partido Independiente) centró su intervención en la presunta violación del artículo 200 de la Constitución, señalando incompatibilidades entre el cargo de Danza y sus vínculos laborales en el sector privado de la salud. “Esa sola concurrencia configura un conflicto de intereses, sin necesidad de acreditar beneficio económico, intención lesiva ni daño emergente. Estamos ante un acto administrativo de apariencia ilícita”, afirmó.
Desde el Frente Amplio, pese a respaldar la continuidad de Danza, también se realizaron cuestionamientos a administraciones anteriores. El diputado Federico Preve calificó el proceso como un ataque político. “Hemos asistido al acoso político más violento de los últimos años. Un ensañamiento pocas veces visto. Este tema se ha convertido en una cortina de humo para evitar hablar del pasado. En la gestión anterior se derivaron US$ 60 millones desde ASSE al Círculo Católico”, expresó.
El bloque Identidad Soberana anunció que presentará una denuncia penal. La diputada Nicolle Salle informó que acudirán a Fiscalía bajo el amparo del artículo 177 del Código Penal, que refiere a la omisión de denunciar hechos con apariencia delictiva.
Cabildo Abierto, por su parte, presentó una moción propia y se desmarcó tanto de la oposición como del oficialismo. Si bien cuestionó la pertinencia de la interpelación —al considerar que había perdido sentido una vez que Danza renunció a sus actividades privadas—, pidió garantías para que no se repitan situaciones similares. “Solicitamos al doctor Danza la total dedicación a la gestión de ASSE, por ser el mayor prestador de salud del país y el que atiende a la población más vulnerable”, señaló la bancada.
Además, reclamó un uso responsable de los mecanismos de control parlamentario: “El pedido de renuncia no tiene efecto jurídico vinculante y su impacto político depende de la voluntad del gobierno. Es importante que se tomen los recaudos para que estos casos no se repitan”.
Al momento de la votación, ninguna moción logró los 50 votos necesarios para su aprobación: la de la oposición obtuvo 46 apoyos; la del Frente Amplio, 48; la de Identidad Soberana, 16; y la de Cabildo Abierto, 2. De esta manera, todas resultaron rechazadas y Danza continúa en su cargo.
lr21/ foto: diputados
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