Los padres de la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, ocupan cargos de particular confianza en este gobierno.
José Charquero fue designado en junio director de Recursos Humanos de la UTU y Adriana Martínez es la directora del Registro Civil desde marzo.
Dos cargos de confianza política designados por el gobierno complejizan la situación de la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, que está siendo investigada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, por su presunta vinculación política con el ex intendente de Colonia Carlos Moreira. Su padre, José Enrique Charquero, fue designado el 30 de junio director de Gestión Humana del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de UTU, y de su madre, Adriana Martínez, directora del Registro de Estado Civil desde el 10 de marzo.
Charquero es médico de profesión, funcionario de UTU jubilado y militante del Partido Nacional. Fue designado en ese cargo en junio por la resolución 548/2020. En diálogo con la diaria, Charquero manifestó su confianza “plena” en la profesionalidad de su hija, que integró el equipo de seguridad de la campaña de Luis Lacalle Pou en las elecciones de 2014. “Es cierto que en el pasado ella militó, pero una vez que juró la magistratura, tiempo antes ya, había dejado de tener actividad política”, aseguró, y señaló que hay “una información errónea” respecto de la relación de la fiscal con Moreira.
“No conoce a Moreira. Cuando integró la comisión de seguridad, el presidente de esa comisión era Robert Parrado; Moreira era de otra fracción, que era de [Jorge] Larrañaga. Luego Larrañaga se incorporó a esa comisión y quedaron los nombres, pero mi hija ya estaba casada y viviendo en Paysandú. No lo conoce”, reafirmó, aunque consideró que “en la investigación administrativa se aclarará”. En ese sentido, indicó que está de acuerdo con la investigación que inició el fiscal de Corte, y rechazó que se trate de una “persecución política”.
Para Charquero, “la institucionalidad Fiscalía está por encima de todo; si el fiscal de Corte consideró que debía hacer esa investigación administrativa está en su derecho y en su deber, para incluso aclarar la situación de mi hija”. “Hay muchas cosas que se dicen en la prensa y que como ella no puede hablar no se pueden aclarar, entonces, mejor que su jerarca lo haga”, sostuvo. Asimismo, evaluó que no es correcto pedir la remoción de Díaz, como están proponiendo algunos integrantes de la coalición. “Yo soy partidario de que las instituciones y la institucionalidad se conserven y, por tanto, el doctor Díaz tiene el derecho y la obligación de terminar su mandato”, apuntó.
la diaria intentó comunicarse con Martínez, quien prefirió no brindar declaraciones. Abogada de profesión y actualmente esposa de Charquero, fue asesora letrada y jefa del Departamento Disciplinario del Ministerio de Educación y Cultura entre 1992 y 2014, y designada directora general del Registro Civil el 10 de marzo.
Fuente: La Diaria – foto semanario El Eco
