Con los votos de casi todos los partidos, la Cámara de Representantes aprobará hoy (28 de mayo de 2025) el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Esta decisión habilitará el pasaje de la iniciativa al Senado, donde se intentará alcanzar un acuerdo que permita salvar a una institución que, en poco más de un mes, no podrá cumplir con sus obligaciones.
La sesión de este miércoles se inicia con una incertidumbre inédita: cuál será el articulado que finalmente llegue a la cámara alta. Las principales dudas se centran en el esquema de financiamiento previsto para la caja, ya que ninguna de las dos propuestas presentadas cuenta con mayoría para ser aprobada. En otras palabras, aún no está definido quién asumirá el mayor peso del rescate.
Con 48 votos asegurados sobre 99, el Frente Amplio (FA) –impulsor del proyecto gubernamental– propondrá un esquema que podría generar una recaudación de US$ 164 millones anuales. De ese total, el 40% provendría del aporte de los afiliados activos, el 27% de los pasivos, y el 33% de “aportes de la sociedad”, principalmente a través de Rentas Generales.
Por su parte, blancos, colorados e independientes, que cuentan con 47 votos seguros, plantearán una alternativa que contempla una recaudación de US$ 136 millones. Su propuesta se basa, en buena parte, en el acceso de la institución a préstamos o endeudamiento y en un aporte estatal.
Aportes de activos, pasivos y del Estado
Para los profesionales activos, el proyecto del Poder Ejecutivo eleva la tasa de aportación del 18,5% al 22,5% del sueldo ficto de su categoría, lo que supondría una recaudación de US$ 33 millones anuales. La iniciativa habilita a la CJPPU a reducir hasta dos puntos porcentuales esa tasa si sus reservas financieras superan el 50% del presupuesto anual estimado de sus obligaciones, y proyecta mantener ese nivel durante los siguientes tres años.
En cambio, la propuesta de blancos, colorados e independientes busca mantener la tasa en 18,5%, sabiendo que, por ley, volverá al 16,5% en enero de 2026. Por tanto, esta fórmula no prevé incrementos por esta vía.
El proyecto oficialista también propone una “prestación de carácter pecuniario” a cargo de los jubilados y pensionistas, que se aplicaría según una escala sobre el monto de su asignación, con un promedio estimado del 8%. La recaudación anual sería de US$ 44 millones. La versión original contemplaba un promedio del 9%. Si las reservas de la caja superaran el 50% de sus obligaciones y se mantuvieran así durante tres años, esta prestación podría reducirse.
La oposición, por su parte, se opone a la creación de este tributo y no contempla ingresos adicionales por esa vía.
En cuanto al aporte estatal, el proyecto del gobierno establece una asistencia por US$ 36 millones anuales, cifra reducida respecto a la propuesta inicial (US$ 40 millones), debido a una rebaja en la contribución de los pasivos. A partir de 2026, esta ayuda equivaldría al 80% del promedio mensual de lo recaudado por la contribución de los jubilados.
Blancos, colorados e independientes, por el contrario, proponen una asistencia estatal mayor, equivalente a la recaudación del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) que pagan los profesionales universitarios: unos US$ 39 millones anuales.
Ambos bloques coinciden en los ingresos previstos por los cambios paramétricos, estimados en US$ 32 millones anuales. Entre ellos se destaca el adelantamiento en la edad de retiro respecto al régimen general: los nacidos en 1967 podrán jubilarse a los 61 años, aumentando progresivamente hasta llegar a los 65 años para los nacidos en 1973 y posteriores. Además, el nuevo régimen calculará la jubilación en base al promedio de los últimos 20 años de aportes, en lugar de los últimos tres.
El País
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