La directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, precisó sobre la conveniencia de otorgar estímulos fiscales para la construcción con el objetivo de viabilizar las inversiones en el sector y mitigar el impacto producido por la emergencia sanitaria, además de contribuir a dinamizar otros sectores de la economía. Consiste en otorgar exoneraciones de tasas y retorno por mayor valor inmobiliario.
En ese sentido, sostuvo que habiéndose verificado que por diferentes motivos algunas obras -amparadas del decreto departamental 3965- no pudieron iniciarse, y teniendo presente que los plazos previstos en el referido decreto son menores a los establecidos en el TONE, se plantea otorgar una nueva oportunidad y permitir la reválida de proyectos que ya contaron con la anuencia del legislativo.
Por otra parte, se prevé que “todo aquel que presente un proyecto de obra nueva o ampliación no pagará la tasa de construcción, al tiempo que se incorporan los fraccionamientos”. Sobre esto último, “el que proponga la creación deun barrio nuevo que genere mano de obra tampoco pagara las tasas de fraccionamiento”.
A su vez, Laguarda sostuvo que la novedad más importante tiene que ver con “motivar la presentación de proyectos destinados a vivienda permanente que se implanten en áreas urbanas no balnearias, como es el caso de San Carlos, Maldonado, la periferia de Aiguá, y Pueblo Obrero en Piriápolis”. Mediante esta propuesta “se le daría un aumento a la potencialidad de edificación con un 20 % más de construcción en un mismo terreno o un 20 % más de altura”, al tiempo que “sería independientemente del tipo de programa (cooperativa, Agencia Nacional de Vivienda o promotor privado)”.
La jerarca agregó que “nos interesa densificar áreas que cuentan con todos los servicios de infraestructura porque el permanente y continuo crecimiento demográfico de nuestro departamento no es acompañado con el aumento del stock de vivienda en los cascos urbanos, y como consecuencia, tenemos un déficit de vivienda”.
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