Washington, DC: El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV [1] con Uruguay el 15 de Mayo de 2023.
Después de alcanzar los niveles previos a la pandemia a mediados de 2021, el PIB real creció un 4,9 por ciento en 2022, impulsado principalmente por las fuertes exportaciones de productos básicos y el sector de servicios, incluido el turismo. Sin embargo, la economía se desaceleró en la segunda mitad del año debido a condiciones externas adversas y los efectos de la sequía más severa de los últimos cuarenta años. La inflación se mantuvo por encima del rango meta en 2022 pero, tras alcanzar un máximo en septiembre de 2022 de 9,95 por ciento, comenzó a disminuir hacia fines de año, situándose en el 7,3 por ciento en marzo de 2023.
En respuesta al aumento de las presiones inflacionarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) respondió apropiadamente con una política monetaria contractiva durante 2022. El BCU elevó sustancialmente la tasa de política monetaria del 5,75 por ciento en diciembre de 2021 al 11,5 por ciento en diciembre de 2022. El BCU implementó un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en su reunión de abril de 2023, citando la disminución de las presiones inflacionarias. El déficit fiscal y la deuda del gobierno se redujeron sustancialmente en los últimos dos años, reflejando los esfuerzos de las autoridades por mantenerse dentro de los objetivos de la regla fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Después de alcanzar un máximo del 68,1 por ciento del PIB en 2020, la deuda bruta del sector público no financiero (SPNF) se situó en el 59,3 por ciento del PIB a fines de 2022, por debajo de su nivel previo a la pandemia en medio de diferenciales de deuda soberana históricamente bajos. El estado del sector financiero sigue siendo sólido y los bancos han sorteado bien la pandemia.
Se espera que la economía se desacelere en 2023, con un crecimiento del PIB real proyectado en un 2 por ciento. A pesar de un contexto externo más adverso, condiciones financieras más restrictivas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería respaldado por una fuerte temporada de turismo, una mayor producción y exportación de celulosa y un consumo privado sólido ante la recuperación del salario real. La perspectiva de crecimiento después de 2023 es positiva, pero sujeta a riesgos externos e internos. Los principales riesgos macroeconómicos se derivan del empeoramiento de las condiciones financieras externas, el deterioro de las tensiones geopolíticas internacionales y el impacto de la sequía. Se espera que la inflación disminuya al 7 por ciento en 2023 y se sitúe dentro del rango meta en 2024. El sólido historial de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un entorno desafiante ha mejorado la resiliencia del país ante las crisis. Los riesgos fiscales son bajos en general.
Evaluación del Directorio Ejecutivo[2]
Los directores ejecutivos elogiaron las instituciones robustas y las políticas sólidas de Uruguay, que han respaldado la resiliencia de la economía ante los choques. Los directores señalaron que las perspectivas económicas, si bien son positivas, están sujetas a riesgos a la baja, incluidos los relacionados con la sequía actual. Enfatizaron la necesidad de consolidar el progreso logrado en la mejora de los marcos fiscal, monetario y financiero y continuar con la implementación de reformas estructurales ambiciosas para mantener la fuerte resiliencia de Uruguay y apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo.
Los directores elogiaron a las autoridades por cumplir con los objetivos de la regla fiscal durante tres años consecutivos a pesar de un entorno económico desafiante y coincidieron en que el marco fiscal ha fortalecido la credibilidad de las políticas. Enfatizaron que la prioridad en la coyuntura actual es continuar con el sólido cumplimiento de la regla fiscal actual. Al mismo tiempo, muchos directores consideraron que un objetivo de deuda más explícito podría ser un componente útil de una estrategia fiscal a mediano plazo.
Los directores acordaron que un impulso fiscal modesto es apropiado en 2023 y recomendaron la adopción de medidas para colocar la deuda en una senda descendente una vez que el efecto de la sequía se disipe. Recomendaron medidas para racionalizar los gastos tributarios, mejorar la focalización de los subsidios y reducir el gasto en remuneraciones, al tiempo que se mantienen las medidas para preservar la cohesión social. Los directores también elogiaron la reforma de pensiones aprobada recientemente, que debería ayudar a estabilizar el gasto en pensiones a largo plazo.
Los directores enfatizaron la necesidad de mantener un sesgo de la política monetaria contractivo hasta que las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación converjan al rango meta. Destacaron que esto, junto con los esfuerzos para fortalecer la independencia de jure del banco central, ayudaría a fortalecer aún más la credibilidad de la política monetaria y apoyaría los esfuerzos para reducir la dolarización. Los directores concordaron que el tipo de cambio debe seguir actuando como un amortiguador de choques y que las intervenciones cambiarias deben limitarse a responder a condiciones desordenadas en el mercado.
Los directores celebraron que el sector financiero sigue siendo sólido y saludable. Indicaron que los esfuerzos para seguir mejorando la supervisión financiera son esenciales para reforzar la resiliencia ante los choques y aumentar la confianza en el sistema financiero. Los directores también alentaron a tomar medidas para promover el desarrollo del mercado de capitales local y alentaron el progreso continuado en la implementación de las recomendaciones del reciente FSAP y hacia la creación de un plan nacional integral ALD/CFT.
Los directores señalaron que las reformas estructurales siguen siendo fundamentales para mejorar la productividad y revitalizar el crecimiento. Elogiaron las reformas recientes en el sistema educativo e indicaron la necesidad de mayores esfuerzos para abordar la erosión del capital humano y las brechas de habilidades de larga data. Los directores también apoyaron los esfuerzos para mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas públicas y mejorar la integración comercial.
Los directores elogiaron el liderazgo de Uruguay en la política de cambio climático y reconocieron los esfuerzos de las autoridades para integrar las políticas climáticas en su agenda de política, destacando la exitosa emisión de un Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático. Reconocieron el importante progreso en la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y alentaron a las autoridades a continuar con sus esfuerzos para transformar a Uruguay en una economía sostenible, verde y resiliente al clima.
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