El coronel retirado Eduardo Ferro, requerido por la Justicia desde hace cuatro años por la desaparición del militante comunista Oscar Tassino, negó en entrevista telefónica con Alfonso Lessa, de radio Monte Carlo, presuntamente desde España, las acusaciones que le realizó el capitán Héctor Erosa de haber realizado espionaje a personalidades políticas y militares en democracia.
También rechazó que en el cuartel de Florida, en el que cumplía funciones, hubiera civiles que tomaban instrucción incluyendo a militantes tupamaros.
Ferro también negó cualquier vínculo con la desapariciones en la dictadura incluida la de Tassino, pero asumió su responsabilidad en el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez en Brasil, aunque rechazo que haya calificarlo como tal.
El militar dijo que las desapariciones de detenidos fueron producto de “una orden” cuyo autor desconoce o no identificó y aseguró que si hubiera un ambiente más propicio, y aunque muchos de los responsables murieron, se podría obtener mayor información.
Ferro dijo estar en algún lugar de España luego de no haber comparecido ante la Justicia de ese país por la extradición solicitada por Uruguay. El militar retirado aseguró, sin embargo, que en algún momento que él elija, va a comparecer ante la Justicia española, pero que no tiene confianza en algunos operadores del sistema judicial uruguayo y en particular en el fiscal Jorge Díaz. Y puso como ejemplo, su actuación en el caso de las armas del contador Saúl Feldman en 2009 en un episodio en el que aseguró que se dio tiempo al implicado, luego muerto, de quemar documentación comprometedora. Ferro aseguró que las armas no tenían vínculo alguno con el MLN, sino que eran del Partido Comunista.
Entre otros destinos, Ferro estuvo en el Servicio de Información de Defensa y en el Servicio de Inteligencia del Ejército, dos lugares claves en la represión durante la dictadura.
El sábado pasado el diario El Observador, en una nota firmada por Leonardo Haberkorn, afirmó que el “Ejército fraguó una junta médica para declarar que el capitán Héctor Erosa padecía un “trastorno severo de personalidad” y así acallar sus denuncias respecto a que el coronel Eduardo Ferro, hoy prófugo de la Justicia, estaba espiando a los políticos en plena democracia, entre otras irregularidades.
“La junta médica fraguada ocurrió en 1997 y determinó que poco después Erosa fuera obligado a pedir su retiro del Ejército. Desde entonces este oficial ha procurado –sin éxito– recomponer su carrera.
“En la búsqueda de esa recomposición, -añadió El Observador- en febrero de 2020 Erosa dio un paso importante: logró que, en presencia de una escribana pública, uno de los psiquiatras militares que integraron aquella junta médica que lo declaró loco admitiera que aquel dictamen fue fraguado, que se les “impuso un hecho que venía preparado, mandatado”.
“El periciado señor Erosa, desde mi opinión clínica, nunca estuvo enfermo”, declaró el hoy jubilado psiquiatra militar Uscher Loskin, según consta en un acta notarial firmada por la escribana María José González Palombo el 17 de febrero de 2020, a la que El Observador tuvo acceso”.
