El caso se descubrió porque la adolescente estaba embarazada, y el resultado de ADN vinculó a su tío político que habría abusado de ella desde los 12 años de edad.
De acuerdo a la información oficial cursada a RADIO RBC, se tomó conocimiento a través de un centro de salud sobre un Abuso sexual a menor de 13 años.
El 7 de diciembre la víctima mientras se encontraba en consulta médica perdió el conocimiento en la sala de espera, al ser atendida, se pudo establecer que posiblemente la adolescente era víctima de violación por parte de un familiar.
La Dra. Fernández, Juez subrogante Paz 5ta, y a Fiscal Dra. Marzano donde se dispuso: “Se active el protocolo de abuso infantil con el prestador de salud y Pericia forense para la víctima y tomar declaraciones entre otras diligencias.
Posteriormente se entera a Dr. Vital Rodríguez, Juez Subrogante 1er turno Especializado en VGDyS.
El 13/12/23 mediante orden de actuación se dispuso la detención del familiar siendo conducido a la Fiscalía de San Carlos Dra. Marzano.
En la fecha 14/12/23 luego de la audiencia se recibe oficio de juzgado Ltdo. Especializado en violencia doméstica, Sexual y Género de 3er turno de San Carlos Dra. Camaño el que reza: entre algunas de las medidas impuestas y respeto al indagado.
- Fijar domicilio y no modificarlo sin dar previo aviso al tribunal.
- Prohibición de salir del país
- Prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 500 metros así como cualquier tipo de comunicación con la misma.
- Todo por el plazo de 90 días.
Asimismo, se dispuso el cese de detención del investigado.
El 17 de enero de 2024, finalizada la audiencia en el Juzgado Especializado de Violencia Doméstica, Sexual y Género, fue dispuesta la condena del hombre de 44 años como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado a la pena de 7 (siete) años de penitenciaría.
Se le impuso al condenado la pérdida del ejercicio de la patria potestad de los hijos.
La inhabilitación del penado para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área de la salud de la educación y todas aquellas que impliquen trato directo con niños/as y adolescentes, como personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por el plazo de 10 años.
También se le impuso la reparación patrimonial a cargo del imputado en beneficio de la víctima por el monto equivalente a 12 salarios mínimos sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño.
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